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Opinión

Con permiso
Literal (26), otoño de 2011
Julian Baggini

"La desobediencia digital es fácil, y la ciberprotesta barata"

«En vez de ser románticos, hemos de recordar que en el libre Occidente, la ciberprotesta es barata, y la desobediencia digital fácil. La democracia y el Estado de derecho, en cambio, son difíciles y costosos. Un fuerte sentimiento de la justicia de nuestra causa, combinado con formas fáciles de expresar nuestra opinión, nos puede ocultar lo grave que es romper el pacto de permanecer iguales ante la ley. A menos que nos recordemos a nosotros mismos lo valioso que es el Estado de derecho, corremos el riesgo de socavar las propias bases de una sociedad libre mediante miles de minúsculos tuits».

18 de septiembre de 2011

En 1964, un hombre de 46 años fue sentenciado a cadena perpetua por su participación en muchas actividades terroristas, incluyendo la preparación, manufactura y uso de explosivos con el propósito de cometer actos de violencia y destrucción. Fue hallado culpable de dañar, menoscabar, obstruir o poner en peligro tanto la salud y la seguridad públicas como el mantenimiento de la ley y el orden.

Por lo general no describimos tales actos como «desobediencia civil». En su lugar, hablamos de terrorismo y delincuencia. Pero no es tan sencillo. El hombre en cuestión era Nelson Mandela, y las leyes que había quebrantado, las de un manifiestamente injusto e inhumano Estado del apartheid, y el proceso que lo sentenció y otros diez fueron condenados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Es tentador concluir escépticamente que la «desobediencia civil» es solo la frase que empleamos para los actos delictivos que aprobamos. Pero un solo momento de reflexión demuestra que esto no puede ser verdad. Decir que un violador o un ladrón de bancos puramente egoísta está cometiendo un acto de desobediencia civil no es un uso legítimo de ambigüedad semántica, es un flagrante mal uso del lenguaje. Puede haber zonas grises entre legitimar la vulneración de la ley y la delincuencia pura y simple, pero eso no significa que no exista una distinción real más allá del punto en el que se difuminan.

Ahora, sin embargo, la gente decide a menudo que la delincuencia tiene pase si la causa a la que sirve coincide con la suya. Por ejemplo, los que piensan que Wikileaks ha tenido buenos efectos en general tienden a apoyar a Julian Assange, mientras que los que afirman que está perjudicando la seguridad nacional están en su contra. Esos veredictos varían en función de si sus actos son juzgados como delictivos.

Para muchos, esto parece ser cuestión de moral y principios. ¿Seguro que lo que importa no es que se haya quebrantado la ley, sino si las consecuencias son buenas o malas? En cualquier caso, es una peligrosa senda moral, ya que deja a cada cual decidiendo por uno mismo qué leyes deben acatarse y cuáles no. Esto ignora un principio que es una de las piedras angulares más importantes de la sociedad civilizada: el Estado de derecho.

El Estado de derecho significa que las leyes son iguales para todos, independientemente de su estatus, su riqueza, su postura política o su opinión personal. Es fundamentalmente lo que nos hace iguales a los ojos del Estado. Se podría decir que es incluso más importante que la democracia, ya que vetamos el voto de algunas personas en razón de su edad, su responsabilidad reducida o su criminalidad, pero no negamos la protección y la aplicación de la ley a nadie.

La razón de obedecer la ley no es que todos estén de acuerdo con cada parte de ella, sino que todos seguimos las mismas leyes como cualquier otro porque son lo que nos permite vivir juntos. La decisión de quebrantar la ley debería considerarse por tanto de gravedad. Además, para que dicho desafío cuente como verdadera desobediencia civil, tiene que ser una protesta pública y con principios. La desobediencia civil clandestina es tan contradictoria como una marcha de protesta secreta. La razón de la desobediencia civil es forzar el cambio, no evitar las restricciones del statu quo. El compartidor de archivos que descarga furtivamente se engaña por tanto a sí mismo si cree que está siguiendo la noble tradición de las sufragettes y el movimiento por los derechos civiles. Cuando Rosa Parks ocupó su asiento en el autobús, no esperaba que no la cogieran. En vez de eso, retó a las autoridades a que la arrestaran.

Hay veces, por supuesto, en que la desobediencia civil no es factible y obedecer la ley no es aceptable para la conciencia, de ahí el estatus de fugitivo de Robin Hood y Nelson Mandela. Pero dichos casos solo están justificados por las extremas injusticias de los regímenes en los que vivieron, y la brutalidad a la que habrían sido sometidos como disidentes.

Cumplir la ley de manera menos escrupulosa, excediendo el límite de velocidad unos pocos kilómetros, por ejemplo, también puede ser inofensivo en la medida en que compartamos un tácito entendimiento de que el Estado de derecho es más o menos estricto en diferentes circunstancias, así que nos tratamos como si fuésemos menos iguales ante la ley que otros si la cumplimos escrupulosamente cuando otros no lo hacen.

En una sociedad razonablemente libre y abierta, basada en el Estado de derecho, deberíamos por tanto condonar el incumplimiento de la ley cuando la infracción es menor y de un tipo generalmente tolerado, o público y con propósito de impulsar la reforma. Parece bastante sencillo. Sin embargo, el crecimiento de internet y los medios sociales han introducido nuevas complicaciones.

Tomemos de nuevo el caso Wikileaks. A primera vista, Julian Assange ha seguido los principios básicos de la desobediencia civil, sin intentar distinguir su papel en la revelación de información secreta. Cierto, tomó precauciones para evitar la detención, alojando su web en países donde no se enfrentaría a un juicio, por ejemplo. Pero los que practican la desobediencia civil solo tienen la obligación de ser abiertos en su desafío a la ley, no de facilitar más de la cuenta sus encarcelaciones.

De manera similar, en un reciente incidente en Reino Unido, miles de ciudadanos desafiaron muy públicamente la ley. El problema concernía a las denominadas «supermedidas cautelares»: órdenes judiciales que no solo impedían que la prensa informase sobre detalles de la vida privada de las personas de las que se conseguían dichas órdenes, sino incluso que dijese que se habían obtenido esas órdenes. Cuando un periódico escocés reveló la identidad de un famoso en esa situación, miles de personas corrieron la voz usando Twitter y Facebook. Sin ninguna clandestinidad.

Pero tanto el caso Wikileaks como el caso de las supermedidas cautelares demuestran que los medios sociales han cambiado el juego de la desobediencia civil. Veamos el caso Wikileaks en primer lugar. Assange no solo estaba señalando algo mediante la protesta, él irrevocablemente hizo pública una inmensa cantidad de información para todo el mundo. Su incumplimiento de la ley tuvo un impacto mucho más concreto que cualquier acto individual de tradicional desobediencia civil que se haya producido. Esto demuestra cómo la tecnología puede dar a una infracción individual una increíble cantidad de poder, y con el poder viene la responsabilidad. Compárese esto con casos como los de Emiline Pankhurst y Martin Luther King. Parte de lo que era admirable en sus protestas es que no tenían nigún otro poder que la capacidad de hacer a la gente pensar. Si alguien que protesta en solitario puede, en efecto, desbaratar la ley solo porque cree que es incorrecta, hemos de preguntarnos si está justificado que alguien use este poder solo porque puede.

Aún más interesante es el caso de las supermedidas cautelares. Aquí, la psicología de lo que ocurre es sobre todo elocuente. En una protesta tradicional, la gente decide reunir y expresar sus inquietudes. Buscan una especie de seguridad de masa, pero hay un compromiso de acabar dando la cara, un sentimiento real de mostrarse a sí mismos en público. Compárese esto con alguien en casa o en un autobús, decidiendo si retuitear el nombre de un famoso. Puede hacerse en un momento, y no requiere ningún compromiso. No parece algo público. De hecho, con frecuencia no parece ni siquiera algo personal. La gente puede ser notoriamente abusiva online porque no sienten contacto con las personas de las que abusan, así que sus filtros de decencia están inactivos. Es más, también conoces a otros miles que están haciendo lo mismo, así que sabes que no hay forma de que puedas ser juzgado, a diferencia de una protesta, donde muchas veces arrestan a la gente. Este tipo de protesta instantánea por SMS es por tanto fácil y barata. Permite la transgresión porque sí, sin ninguno de los costes. Parece más una diversión que un delito.

Cuando la protesta se vuelve tan fácil y tan gratuita, las reflexiones sobre la importancia de mantener el Estado de derecho suenan elevadas e irrelevantes. Esto se ve reforzado por el culto contemporáneo al individuo, que premia las pasiones personales por encima de los principios públicos, obedecer a la propia conciencia por encima de cumplir la ley. Pero la idea de que lo que importa por encima de todo es hacer lo que individualmente nos parece correcto es esencialmente antidemocrática. La democracia consiste en tener tu voz, no en salirte siempre con la tuya. La sociedad civil depende de que todos nosotros estemos dispuestos a comprometer nuestras propias preferencias.

Cabría decir que el ethos antidemocrático está sin duda debilitado aún más por cómo los medios sociales permiten a los grupos interactuar. Online, la gente forma y comparte fácilmente grupos de interés, y como decía Eli Pariser en The Filter Bubble, esto nos permite vivir en un mundo artificial, independiente, donde sólo vemos reforzadas nuestras opiniones, no desafiadas, y donde acabamos pensando que nuestra visión del mundo es la única razonable. Dichos grupos pueden por tanto extraer su poder de internet para llevar a cabo «protestas» fáciles y gratuitas que podrían tener realmente graves efectos en las vidas de las personas que han visto hechas públicas informaciones sobre ellas.

¿Qué vamos a hacer entonces sobre todo esto? Lo cierto es que no hay un remedio legal evidente. Los casos extremos no propician buenas leyes, y lo peor que podemos hacer es precipitarnos con una legislación torpe que corre el riesgo de oprimir a la disidencia saludable. Lo que podemos hacer es empezar a cambiar el modo en que pensamos sobre la ciberdisidencia. En este momento, hay una visión excesivamente romántica de las redes sociales como forma de protesta. La gente se cree meritoria por la asociación con los bravos protestantes de Tahrir Square y Trípoli. Pero las redes sociales son un arma como cualquier otra, y el hecho de que hayan sido usadas en nombre de la nobleza no significa que nosotros también tengamos mérito por usar un móvil para desafiar a la ley.

En vez de ser románticos, hemos de recordar que en el libre Occidente, la ciberprotesta es barata, y la desobediencia digital fácil. La democracia y el Estado de derecho, en cambio, son difíciles y costosos. Un fuerte sentimiento de la justicia de nuestra causa, combinado con formas fáciles de expresar nuestra opinión, nos puede ocultar lo  grave que es romper el pacto de permanecer iguales ante la ley. A menos que nos recordemos a nosotros mismos lo valioso que es el Estado de derecho, corremos el riesgo de socavar las propias bases de una sociedad libre mediante miles de minúsculos tuits».

Puedes leer el artículo completo de Julian Baggini aquí.

2 comentarios

  1. lunes, 19 de septiembre de 2011 | 11:53Alfonso López

    Como no entendía una de las frases destacadas en la introducción, he revisado el original, y he visto que la traducción era incorrecta. En lugar de «La combinación de un fuerte sentimiento de que nuestra causa se combina con formas fáciles de expresar un propósito puede cegarnos hasta la gravedad de romper el pacto de permanecer iguales ante la ley», debería ser: «Un fuerte sentimiento de la justicia de nuestra causa, combinado con formas fáciles de expresar nuestra opinión, nos puede ocultar lo grave que es romper el pacto de permanecer iguales ante la ley.»

  2. lunes, 19 de septiembre de 2011 | 12:12Instituto Ibercrea

    Gracias, Alfonso, lo hemos corregido.

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