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A propuesta del comisario Karel de Gucht

La Comisión pedirá al Tribunal de Justicia de la UE que confirme la legalidad del ACTA

La Comisión Europea ha anunciado que pedirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea un dictamen sobre el acuerdo internacional ACTA para garantizar que su aplicación “es totalmente compatible con la libertad de expresión y con la libertad de Internet”. “ACTA no va a cambiar nada acerca de cómo usamos internet y las redes sociales hoy en día, ya que no introduce nuevas normas. ACTA sólo ayuda a cumplir lo que ya es ley en la actualidad. No censurará sitios web ni los cerrará; ACTA no obstaculizará la libertad de internet o la libertad de expresión. Vamos a cortar esta nube de incertidumbre poniendo el ACTA bajo el foco de nuestra más alta autoridad judicial independiente”, ha declarado el comisario de Comercio Karel De Gucht, contrario a que el debate se base en “la desinformación y los rumores que han dominado las redes sociales y los blogs en las últimas semanas”.

Miércoles, 22 de febrero de 2012 | 17:32

El 1 de marzo, el Parlamento Europeo tenía previsto iniciar las sesiones de examen del tratado ACTA contra la piratería y la falsificación, pero la Comisión Europea ha anunciado que antes le pedirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea un dictamen que garantice que “la aplicación de ACTA no es incompatible -de ninguna manera- con los derechos y libertades fundamentales de la UE, como son tanto la libertad de expresión y de información o la protección de datos como el derecho a la propiedad en el caso de la propiedad intelectual”.

El autor de la propuesta, el comisario de Comercio Karel De Gucht, asegura: “Creo que la Comisión Europea tiene la responsabilidad de proporcionar a nuestros representantes parlamentarios y al público en general la información más detallada y precisa”.

“Como ya he explicado ante el Parlamento Europeo en varias ocasiones -añade De Gucht-, el ACTA es un acuerdo que tiene como objetivo elevar el nivel global de cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual. Estas normas ya se encuentran consagradas en la legislación europea. Lo que cuenta para nosotros es conseguir que otros países las adopten de manera que las empresas europeas puedan defenderse de las estafas flagrantes respecto a sus productos y obras cuando hacen negocios en todo el mundo. Esto significa que el ACTA no va a cambiar nada en la Unión Europea, pero será importante para la Unión Europea”.

“Este debate debe basarse en hechos y no en la desinformación o en los rumores”
“Creo que someter el ACTA al Tribunal de Justicia Europeo es un paso necesario. Este debate debe basarse en hechos y no en la desinformación o en los rumores que han dominado las redes sociales y los blogs en las últimas semanas”, afirma De Gucht en un comunicado.

“La propiedad intelectual es la principal materia prima de Europa, pero el problema es que actualmente debemos luchar por su protección fuera de la Unión Europea. Esto perjudica a nuestras empresas, destruye puestos de trabajo y daña nuestras economías. Aquí es donde el ACTA va a cambiar algo para todos nosotros, ya que ayudará a proteger los empleos que actualmente se pierden porque existen bienes falsificados y pirateados por valor de 200 millones de euros en los mercados mundiales”.

El Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) es un tratado que fue suscrito el año pasado por Estados Unidos, uno de sus principales impulsores, además de Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda, entre otros países. Este acuerdo comercial propone aplicar distintas medidas por parte de los estados que lo apoyan para luchar contra el comercio de falsificaciones y la distribución sin licencia de material protegido por derechos de autor.

La Comisión Europea ya había remitido el ACTA a los Gobiernos de los países miembros para su ratificación y, también, al Parlamento Europeo, que debía empezar a debatirlo el próximo 1 de marzo, en un proceso que debía terminar en votación en junio. El Consejo Europeo lo aprobó por unanimidad en diciembre y autorizó a los estados a firmarlo. El pasado 26 de enero fue firmado en Japón por la UE y 22 de sus estados miembros, entre ellos España.

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