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Notificarán a quienes descarguen sin autorización contenidos protegidos

Los proveedores de internet de EEUU supervisarán las descargas

Los proveedores de internet más importantes de EEUU comenzarán a implementar el programa de notificaciones a usuarios que descargan ilegalmente contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual a partir del 12 de julio. El pasado año, proveedores de Internet como Comcast, Cablevision, Verizon y Time Warner Cable llegaron a un acuerdo con la industria de contenidos por el que adoptaban medidas para desalentar a los usuarios que descargan de forma no autorizada música, películas y software.

Jueves, 15 de marzo de 2012 | 16:04

En virtud de este programa de seis advertencias o de “respuesta gradual”, los proveedores de internet enviarán uno o dos avisos educativos al cliente informándole de que lo que hace es ilegal. Si continúa realizando ese tipo de descargas, la operadora le vuelve a enviar un aviso para preguntar si no había recibido las anteriores advertencias, a la vez que es informado de los riesgos que corre. Si persiste, la operadora podría cortarle el servicio.

El acuerdo, firmado en julio del pasado año, implicaba que los ISP se comprometían a enviar hasta seis notificaciones a los usuarios que descarguen material protegido por derechos de autor. Sin embargo, a diferencia de la Ley Hadopi francesa -que únicamente prevé el envío de tres avisos-, los proveedores de internet no estarán obligados a cortar el servicio a los usuarios, aunque podrían hacerlo.

A partir de la quinta advertencia, los ISP podrían comenzar a tomar medidas contra los usuarios. Estas “medidas atenuantes” pueden ir desde la reducción en la velocidad de navegación hasta la redirección hacia páginas con información sobre ‘copyright’, hasta que el usuario contacte con el ISP.

Cary Sherman, director de la RIAA, la asociación Americana de la industria discográfica, lo anunció el miércoles en Nueva York. Grandes operadores norteamericanos del cable como Cablevision, Verizon y Time Warner Cable, entre otros, empezarán el 12 de julio a vigilar lo que se descargan sus clientes a través de su banda ancha.

Para la RIAA sera la medida más efectiva jamás tomada para cortar la descarga ilegal de archivos, principalmente, música y películas. El anuncio fue hecho durante la conferencia anual de la AAP, la asociación nacional de editores. Sherman explicó que han tardado un año en ponerlo en marcha porque no es tan fácil el proceso como darle a un botón. “Cada proveedor de banda ancha ha tenido que automatizar un sistema en sus infraestructuras”, explicó Sherman. “Se necesita crear una base de datos para registrar a la gente que repite la descarga de archivos con derechos de propiedad intelectual, y cada operadora tiene una tecnología diferente”.

En España la legislación actual no permite un acuerdo similar
La normativa nacional es muy estricta con el control de las comunicaciones y, más aún, con la interrupción o desconexión del servicio. La nueva reglamentación evitó expresamente la penalización del usuario, y solo prevé procedimientos contra lo que llama “prestadores de servicios”, una definición ambigua.

“Con la ley Sinde en la mano, no se puede perseguir a los usuarios particulares incluso en el caso de que faciliten enlaces o suban archivos a webs de descargas de películas, música, videojuegos o cualquier otro protegido por derechos de propiedad intelectual. La ley solo prevé la exigencia de colaboración de los proveedores de acceso a Internet (ISP) para identificar y aportar datos sobre los titulares de esas webs, nunca de los usuarios de las páginas”, explica Ramón Muñoz en el diario El País.

“Y es que la legislación española se aleja del modelo francés cuya ley Hadopi es el paradigma de las leyes restrictivas de la persecución de la piratería puesto que criminaliza directamente al usuario. La normativa francesa obliga a los ISP no solo a vigilar los contenidos descargados por sus abonados sino que, tras tres avisos, exige la desconexión de Internet de los infractores particulares entre dos meses y un año, y la creación de una lista negra para que no puedan contratar el servicio con ningún otro operador. La legislación británica bebe de la norma gala y convierte también a los ISP en inspectores de sus usuarios”, añade.

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  • Adepi informa

    • La cultura y economía españolas se jugaban más de lo que algunos creen

      Se ha perdido una gran oportunidad

      “Las razones del rechazo de artistas, autores, productores y editores a la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual pueden sintetizarse en una sola idea: injusticia. La reforma [...] se ensaña contra el sistema de propiedad intelectual a favor de otros sectores económicos ajenos a la creación y perjudica a los titulares de derechos, que van a sufrir una nueva disminución de sus rentas. Rentas que no proceden, dígase alto y claro, de subvenciones públicas, sino de las industrias que utilizan esos contenidos para generar actividad económica, y que deben retribuir la aportación de valor a su negocio que realizan los titulares de las obras”. Es el comienzo de una reflexión firmada por los presidentes de todas las entidades de gestión que han publicado varios medios de comunicación.

  • Glosario

    • Autor (sujeto de los derechos de autor). Persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro. La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación.
    • Bien inmaterial. Las obras protegidas por el derecho de autor son bienes inmateriales, pues la ley las considera independientemente del soporte material sobre el que se hayan plasmado (papel, CD, vinilo, soporte magnético, lienzo, etc.), aunque éste sea muy importante para su difusión y explotación.
    • Copia privada. El conocido como “derecho de copia privada” es en realidad, más que un derecho, la limitación al derecho exclusivo que la ley concede al autor y al propietario de contenidos a hacer copias de ellos. Permite a una persona realizar una copia del original de una obra, al que haya tenido acceso legítimamente, para uso privado sin ánimo de lucro.
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