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Opinión

Con permiso
Ignacio Sierra Gil de la Cuesta, presidente del Instituto Autor

"La nueva normativa sobre copia privada perjudica al creador injustamente"

«El razonamiento que subyace en la normativa sobre copia privada es que quien se beneficia por la venta de unos soportes que permiten realizar copias, en lugar de adquirir los originales de sus titulares, derive una parte de dichos beneficios a quien, con su trabajo, le ha permitido obtenerlos. Esto es: el autor y demás titulares de derechos. Este razonamiento queda roto con la nueva normativa sobre copia privada, la cual beneficia injustamente a un sector de nuestra economía y perjudica a los creadores y al sector económico que estos sustentan, además de a la ciudadanía en su conjunto».

7 de noviembre de 2012

El nuevo presidente del Instituto Autor, Ignacio Sierra Gil de la Cuesta, ex presidente de la Sala Civil del Tribunal Supremo, analiza en la revista Iuris&Lex el proyecto del Gobierno para modificar la regulación de la copia privada:

[…]

«A falta de conocer el texto del referido reglamento, sí que podemos plantear algunas dudas y cuestiones, sobre la base del Real Decreto arriba citado y de la asignación presupuestaria para la compensación equitativa por copia privada, fijada para el año 2012 en los PGE, en 5 millones de euros. Comenzando por esta última cuestión, es preciso recordar que la norma inmediatamente anterior al Real Decreto-ley 20/2011 que cuantificaba el montante de la compensación por copia privada, fue la Orden PRE/1743/2008, de 18 de junio, la cual fijó el perjuicio causado a los titulares de derechos, para el período comprendido entre el 1 de junio de 2008 y el 30 de junio de 2009, en un mínimo de 110.200.000 euros y un máximo de 117.800.000 euros. Dicha estimación se prorrogó de forma tácita en 2010 y 2011.

Por consiguiente, la asignación fijada para el año 2012 en los PGE supone en torno al 4,5 por ciento, de la cantidad previamente fijada por el Gobierno en 2008, a la cual se llegó tras la realización de complejos estudios y tras haber consultado a las partes afectadas por la regulación: titulares de derechos-acreedores de la compensación por un lado y fabricantes e importadores-deudores de la compensación, por otro.

Sin duda es, cuanto menos, llamativa esta abismal diferencia de un año para otro en la cuantificación de la compensación. Diferencia que nos lleva a preguntarnos si tan drástica reducción, en lugar de responder a los criterios de justo equilibrio (ver apartado 43 de la Sentencia TJUE de 21/10/2010, caso Padawan); y de vinculación de la compensación equitativa con el perjuicio causado al titular de los derechos (considerandos 35 y 38 Directiva 2001/29 y apartado 40 Sentencia TJUE/Padawan), responde más bien a una necesidad derivada de la disponibilidad presupuestaria actual, fruto de la grave crisis económica.

Y esta reflexión nos lleva a la siguiente: el sistema nuevo de compensación consagrado en el RDL 20/2011, en virtud del cual dejan de ser los fabricantes e importadores, o los usuarios finales, de material apto para la copia privada los deudores de la compensación, para pasar a serlo en su lugar todos los ciudadanos, por vía de los PGE, ¿es el más justo y ajustado a derecho que podía haber previsto nuestro legislador? Para empezar, resulta algo desconcertante el hecho de que, de los 23 países de la UE que reconocen la excepción de copia privada, España sea el único que haya atribuido al contribuyente la obligación de pago de la compensación a los titulares de derechos.

Más desconcertante resulta, si cabe, el hecho de que dicha modificación legislativa se haya producido tras la sentencia Padawan. Recordemos que en ella, el TJUE consideró el anterior sistema de copia privada vigente en nuestro país no conforme a la Directiva 2001/29 por indiscriminado, ya que el mismo no permitía diferenciar entre los equipos, aparatos y soportes de reproducción digital que no se habían puesto a disposición de usuarios privados y que estuvieran manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas, de los que sí lo estaban y que por consiguiente debían de ser objeto de gravamen. Pues bien, mucho más indiscriminado resulta todavía el hecho de que, hoy, sean todos los contribuyentes, adquieran soportes para copia privada o no, quienes tengan que asumir la compensación.

Y sin embargo, el TJUE no puede ser más claro en su jurisprudencia, plasmada en el caso Padawan y en el caso Stichting (esta última de 16 de junio de 2011) cuyo párrafo 29 se reproduce a continuación: la Directiva 2001/29, en particular su artículo 5, párrafos 2, b) y 5, debe ser interpretado en el sentido de que el usuario final que realiza a título privado la reproducción de una obra protegida debe, en principio, considerarse el deudor de la compensación equitativa prevista en dicho apartado 2, letra b). No obstante, los Estados miembros tienen la facultad de establecer un canon por copia privada a cargo de las personas que ponen a disposición de ese usuario final los equipos, aparatos o soportes de reproducción, siempre que estas personas tengan la posibilidad de repercutir el importe de dicho canon en el precio de puesta a disposición, abonado por el usuario final. La opción elegida por el Gobierno no podría, por lo tanto, estar más alejada de la doctrina del TJUE y de la Directiva 2001/29.

Como última reflexión quisiera plantear otra cuestión: ¿A quién favorece esta reforma? Única y exclusivamente a los fabricantes e importadores de material para la realización de las copias. Estos ya no tienen que asumir el pago de la compensación puesto que en su lugar lo van a hacer todos los ciudadanos, hagan copias privadas o no las hagan. Curiosamente, los precios de los soportes no han bajado desde la entrada en vigor del RD 20/2011 y las ventas, aunque se han reducido, siguen siendo importantes en nuestro país. Según datos de la consultora GfK, en 2011 se vendieron en España más de 9 millones de DVD y más de 14 millones de CD».

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