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Desestima el recurso de la Asociación de Internautas

El Supremo sentencia que el reglamento de la 'Comisión Sinde' es "conforme a Derecho"

El Tribunal Supremo ha confirmado la legalidad y constitucionalidad del Real Decreto 1889/2011, que regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual, también llamada ‘Comisión Sinde’, mediante dos sentencias que se han hecho públicas este jueves: en la primera desestima por completo el recurso de la Asociación de Internautas, a la que condena en costas; en la segunda, rechaza la práctica totalidad de las alegaciones de la Red de Empresas de Internet, exceptuando únicamente un inciso de un artículo. En ambos fallos los magistrados del Supremo determinan que el reglamento es válido y “conforme a Derecho”. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha destacado que las sentencias ponen de manifiesto que la Comisión de Propiedad Intelectual “se ajusta en su fondo y en su forma a la legalidad”.

Jueves, 20 de Junio de 2013 | 17:27

La Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre los recursos interpuestos por la Asociación de Internautas (AI) y por la Red de Empresas de Internet (REI) contra el decreto que regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual. Las dos sentencias lo declaran “conforme a Derecho”: en la primera, el Supremo desestima todas las alegaciones de la Asociación de Internautas; en la segunda, rechaza la práctica totalidad de las de la Red de Empresas de Internet, con la única salvedad de un inciso en un artículo.

La Asociación de Internautas impugnó el Real Decreto alegando que “relega a un segundo plano la intervención judicial, considerándola accesoria y meramente formal, cuando por razones (“obvias”) constitucionales debería haberse entendido que la adopción de “medidas” por el órgano administrativo es la que complementará en todo caso la tutela judicial”. También señaló que “contiene graves imprecisiones terminológicas que imposibilitan determinar a priori tanto los “responsables” como las “conductas ilícitas”, de tal forma que se convierte en una habilitación en blanco para la toma de decisiones administrativas”. Por último, afirmó que “impone sanciones para el incumplimiento de órdenes administrativas sin respetar el principio de proporcionalidad”.

Las medidas están justificadas
Todos esos argumentos de la Asociación de Internautas han sido ahora refutados por el Tribunal Supremo, que condena a la asociación que preside Víctor Domingo a pagar 10.000 euros en costas. Los jueces reconocen que “están en juego derechos fundamentales” como la libertad de expresión e información pero recuerda que no son ilimitados y las medidas están justificadas. Así, el Supremo determina que la libertad de expresión no impide “crear un órgano administrativo, diseñar el correspondiente procedimiento y adoptar una serie de medidas para restablecer la legalidad de la Red, siempre que se respeten las garantías constitucional y legalmente establecidas”.

Respecto al recurso interpuesto por la Red de Empresas de Internet, el Supremo rechaza también la práctica totalidad de las alegaciones y a lo largo del texto de la sentencia desmonta uno a uno los argumentos de la recurrente: en primer lugar, determina que no procede plantear cuestión de inconstitucionalidad; en segundo lugar, confirma la legalidad y constitucionalidad de la caracterización de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual como órgano encargado de la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en la red, y que ello respeta los principios del derecho administrativo sancionador y la libertad de expresión, sin que exista arbitrariedad.

La sentencia también aborda la impugnación que hizo la REI de dos incisos específicos de los artículos 20 y 22, considerando válido el artículo 22 y, como única estimación parcial, declarando nulo un inciso del artículo 20.2 (“y dándose, a dicha interrupción del servicio o retirada voluntaria, valor de reconocimiento implícito de la referida vulneración”) para negar a la retirada de contenidos un valor de reconocimiento de la infracción. “Cuando la legalidad ya se ha restablecido, por la retirada voluntaria del contenido o la interrupción del servicio, carece de sentido y de objeto hacer reconocimiento alguno de ilegalidad, ni establecer presunciones al respecto”, detalla el fallo.

correccion

De modo que, aunque algún medio destaque especialmente esa única corrección, lo cierto es que de un texto con más de 12.000 palabras se rechazan solo 18 que, a juicio del Tribunal Supremo, no afectan esencialmente al reglamento: en el mismo párrafo de la sentencia en que declaran nulo dicho inciso, los magistrados reiteran que el Real Decreto 1889/2011 es “conforme a Derecho”.

Al respecto, la Coalición de creadores ha emitido un comunicado destacando que el Tribunal Supremo avala la necesidad de la existencia de la Comisión de Propiedad Intelectual como instrumento para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual en internet. Su directora, Carlota Navarrete, señala: “Estamos satisfechos con esta resolución porque despeja definitivamente, como era nuestro convencimiento, cualquier tipo de incertidumbre sobre la validez del reglamento y acredita su eficacia como instrumento para luchar contra la lacra social de las descargas de contenidos ilegales en internet”.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha manifestado “un respeto absoluto a la sentencia del Supremo” y  ha destacado que “la sentencia de este tribunal viene a indicar que el Real Decreto, en su fondo, se ajusta a la legalidad, y su forma de tramitación es impecable“.

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    • Autor (sujeto de los derechos de autor). Persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro. La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación.
    • Bien inmaterial. Las obras protegidas por el derecho de autor son bienes inmateriales, pues la ley las considera independientemente del soporte material sobre el que se hayan plasmado (papel, CD, vinilo, soporte magnético, lienzo, etc.), aunque éste sea muy importante para su difusión y explotación.
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