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El director general de Adepi señaló que si el anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual no se modifica será "la puntilla para la Cultura"

"Es inaudito que Cultura desoiga al sector cultural"

El director general de Adepi, Antonio Fernández, transmitió, durante un desayuno informativo que tuvo lugar este jueves en Madrid, la preocupación y el malestar que ha provocado en las entidades de gestión y en los profesionales y empresas del sector cultural y creativo el contenido del último borrador conocido de la futura reforma de la LPI: “No podemos entender que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la Secretaría de Estado de Cultura, pretendan reducir, de una forma tan clara y transparente, los recursos económicos y financieros de las industrias culturales con el único objetivo de ahorrar costes a otros actores del mercado”.

19 de Julio de 2013

“Estamos hablando de dinero y de intereses sectoriales –señaló Fernández-, por tanto es lógico que los distintos agentes hagan valer su opinión e influencia. Sin embargo, la Secretaria de Estado debe asumir su responsabilidad para lograr un desarrollo sostenible de la propiedad intelectual y no ser partícipe de su desmantelamiento económico y financiero, haciendo suyos los intereses de sectores como el de los fabricantes de dispositivos electrónicos, las empresas de telecomunicaciones, la hostelería o las cadenas de televisión, que con la excusa de mejorar el acceso a los contenidos por parte de los consumidores lo que de verdad proponen es abaratar la creación cultural para ahorrar los costes por explotar comercialmente contenidos protegidos”.

“No deseamos confrontar a los distintos sectores -matizó-, simplemente exigimos que esta reforma no desmantele o reduzca a la mínima expresión la cadena de valor de los contenidos creados por profesionales y empresas del sector cultural y creativo”.

Antonio Fernández hizo hincapié en que se trata de “una contrarreforma injusta, extemporánea y diseñada para penalizar al sector cultural y su financiación, a su industria, a los profesionales y a las entidades que los representan, impulsando modelos contrarios a los establecidos en toda Europa. El proyecto del Gobierno va desde los modelos más liberalizadores a los más intervencionistas, de modo que reducirá los recursos económicos de la cultura y la riqueza general del país y además bloqueará el funcionamiento ordinario del mercado”.

El director general de Adepi recordó que, incomprensiblemente, un anteproyecto para reformar la Ley de Propiedad Intelectual ha sido redactado sin contar con los titulares de derechos o sus representantes, sin medir sus consecuencias, sin tener en cuenta las recomendaciones europeas y sin pensar en los consumidores: “El anteproyecto es perjudicial para los ciudadanos españoles, para todas las industrias culturales, cuya actividad supone más del 4% del PIB español, y para las entidades de gestión. Solo favorece al sector de la tecnología. Pero sin contar con los titulares de los derechos ni con los ciudadanos no se puede reconstruir la industria cultural para que produzca riqueza y empleo”.

La puntilla para la cultura
Tras la subida del IVA, la ineficacia contra la piratería, los recortes públicos, y el fracaso de la ley de mecenazgo y de la ley del cine, la aprobación del anteproyecto con su actual redactado es un paso más en la destrucción de la industria cultural española y en la desprotección de los creadores, destacó el director general de Adepi: “Si no se modifica, el anteproyecto será la puntilla para la cultura”.

Así, entre otras cuestiones, Fernández lamentó por ejemplo que el Gobierno insista en mantener una posición sobre la copia privada que genera una desigualdad de trato manifiesta con los consumidores del resto de países miembros de la Unión Europea. “El anteproyecto de ley –señaló- hace que el modelo español sea el más restrictivo y contrario a los intereses de los ciudadanos que existe en cualquier estado de la UE, ya que convierte en ilícitos, prácticamente, todos los actos de copia privada. Para poder justificar frente a la Comisión Europea la reducción del importe de la compensación se suprime la mayor parte de hábitos de uso de los consumidores, dejándolos al margen de la cobertura de la excepción de la copia privada, y por tanto convirtiendo en copias ilícitas un gran número de copias que ahora son perfectamente legales”.

“Y los grandes beneficiarios de este modelo –destacó- no son los consumidores, ya que los PVP no han bajado. No es, tampoco el Estado, ya que además de asumir en los PGE una partida de 5 millones en este momento tan complicado ha permitido que desaparezca una riqueza de más de 100 millones de euros, que generaba ingresos por IVA, impuesto de sociedades, IRPF, etc. Por supuesto, tampoco lo es el mundo de la cultura, al que se empuja al abismo”.

Ilustración en la enseñanza y artículo 164
Atención especial mereció la revisión del límite de la ilustración en la enseñanza. Según el redactado del último borrador conocido los profesores no necesitarán de autorización del autor para hacer actos de reproducción, distribución y comunicación pública de contenidos protegidos. Y esta utilización de recursos privados no serán compensada por medio de retribución alguna: “¿Por qué no se propone el mismo modelo respecto al software que se utiliza para los mismos actos y el profesorado pueda utilizar libremente software sin pagar las correspondientes licencias?”, preguntó Fernández.

También criticó que el nuevo redactado del artículo 164 recoja textualmente (“es un burdo copia y pega”) las demandas de Ametic y Redtel. La intención es excluir a los titulares estadounidenses de todos los ingresos, al menos hasta que se ratifique el Tratado de Beijing. Al estar excluidos, las tarifas de comunicación pública se verán reducidas al menos un 50%. “Todas las propuestas adoptadas en relación a las tarifas son de carácter económico y con el único objeto de reducir los costes de sectores usuarios”.

Fernandéz concluyó señalando que, en la práctica, la reforma en su actual planteamiento imposibilita la gestión de derechos, haciéndola más compleja y más difícil, conflictiva e injusta: “Fragmentará los mercados y hará que aumenten los costes. El intervencionismo de las administraciones bloqueará el funcionamiento ordinario. Castigará a toda la industria, a los profesionales y a las entidades que los representan, además de alejarse injustificadamente de los modelos vigentes en la Unión Europea”.

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  • Adepi informa

    • La sentencia confirma que ya no hay excusas y deberá reformarse de inmediato

      El Supremo anula en su totalidad el modelo español de copia privada

      El Tribunal Supremo ha anulado el procedimiento para el pago de la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Las entidades de gestión, que impugnaron el Real Decreto 1657/2012 que regula dicho procedimiento, destacan que esta sentencia exige la inmediata reforma de un sistema que, ya sin excusas, es ilegal. Adepi recuerda que está a plena disposición del nuevo Gobierno para ayudar a desarrollar con rapidez y eficacia dicha reforma.

  • Glosario

    • Autor (sujeto de los derechos de autor). Persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro. La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación.
    • Bien inmaterial. Las obras protegidas por el derecho de autor son bienes inmateriales, pues la ley las considera independientemente del soporte material sobre el que se hayan plasmado (papel, CD, vinilo, soporte magnético, lienzo, etc.), aunque éste sea muy importante para su difusión y explotación.
    • Copia privada. El conocido como “derecho de copia privada” es en realidad, más que un derecho, la limitación al derecho exclusivo que la ley concede al autor y al propietario de contenidos a hacer copias de ellos. Permite a una persona realizar una copia del original de una obra, al que haya tenido acceso legítimamente, para uso privado sin ánimo de lucro.
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