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La disposición final cuarta reconoce que no se ajusta a la sociedad del conocimiento

El PP se queda solo defendiendo una reforma que solo tendrá validez durante un año

Decepcionante tramo final de la tramitación de la Ley de Propiedad Intelectual: después de someterla al dictamen de los órganos consultivos y obviar sus recomendaciones, después de mantenerse inmóvil frente a incontables esfuerzos del sector cultural para negociar, después de rechazar 209 enmiendas presentadas por la oposición… el PP ha aprobado un proyecto de ley que, según su nueva disposición final cuarta, solo tendrá un año de validez, pasado el cual el Gobierno “realizará los trabajos preliminares necesarios” para “preparar una reforma integral” de la ley “ajustada plenamente” a “la sociedad del conocimiento”.

10 de octubre de 2014

Se ha perdido una oportunidad inmejorable para reformar la Ley de Propiedad Intelectual con consenso político y el apoyo del sector cultural, según las entidades de gestión han denunciado en varias ocasiones durante las últimas semanas. Pese a que el Ejecutivo insiste en hablar de su disposición al diálogo y a buscar acuerdos, la realidad es que ha vuelto a utilizar su mayoría absoluta en la comisión que estudia en el Senado la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual para imponer su texto de la reforma al resto de grupos parlamentarios, tal como lo ha hecho con los consumidores y usuarios y las entidades de gestión de derechos”, denuncian las entidades de gestión agrupadas en Adepi en un comunicado emitido este viernes.

“El texto aprobado no cumple la normativa europea, pese a que en otros asuntos el Ejecutivo exige el cumplimiento de la legislación vigente, y no corrige los problemas señalados por el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial”, añade el texto.

“La comunidad creativa solo quiere una ley justa que permita el equilibrio entre todos los intereses en conflicto, y si el Gobierno no rectifica, artistas, autores, editores y productores se verán obligados a tomar más medidas, incluidas las judiciales, que por ejemplo en el caso de la copia privada supondrán reclamaciones por perjuicio patrimonial que, si Europa termina por dar la razón a las entidades, podrían suponer a medio plazo indemnizaciones de cientos de millones de euros”, concluye el comunicado.

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