La inauguración del XI Seminario jurídico de AIE estuvo a cargo de Luis Cobos, presidente de AIE, y Carlos Guervós, subdirector general de propiedad intelectual del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, quien señaló que la recientemente aprobada reforma de la Ley de Propiedad Intelectual ha sido un “consenso entre ministerios”. Guervós destacó que en los aspectos relacionados con la piratería el Ministerio de Cultura había podido imponer su criterio, reconociendo que no ha sido así en el resto de asuntos clave de la reforma.

Luis Cobos aludió en su intervención a la que llamó “convergencia divergente”, recordando que el concepto de “convergencia” se ha “instalado en el discurso empresarial moderno, especialmente en el tecnológico, como epicentro de las estrategias comerciales, en muchos casos para articular “nuevos modelos de negocio”. Pero si “convergencia” es “la unión de dos o más elementos que confluyen en un mismo punto” es necesario “observar la calidad y cantidad de esos dos elementos para que la convergencia no sea, a la vez, divergente y perjudicial”, señaló.

“La integración de esos elementos –añadió Cobos– puede influir en la calificación de valor y facilitar el acceso a servicios prestados o utilizados para optimizar las ofertas y demandas del mercado. La industria de los contenidos plantea la reinvención organizativa, funcional y operativa, de un nuevo modelo de negocio para dar una respuesta adecuada a las nuevas demandas de sus clientes, reclamando, de paso, y en muchos casos, la propiedad total o parcial de esos contenidos. Ahí comienza la convergencia divergente, a la que debemos estar atentos”.

La transparencia
La primera mesa, “Transparencia y gestión de derechos”, profundizó en un asunto que el legislador —nacional y comunitario— está abordando en la actualidad: la transparencia en la gestión de derechos de propiedad intelectual. En concreto, se analizaron las medidas ligadas a la transparencia en la gestión desde el cuestionamiento de si estas medidas deben ser impuestas por las administraciones o son compromisos que las entidades que gestionan los derechos de propiedad intelectual deben asumir con los titulares de los mismos, los usuarios que realizan actos de explotación y con la sociedad en su conjunto.

Para mantener este debate de actualidad participaron ponentes que desarrollan su actividad en diferentes campos ligados con la gestión de derechos y la transparencia en las organizaciones: Anna Bajo, de la cátedra de Ética económica y empresarial en la Universidad Pontificia Comillas; Luis Elías, secretario general de Grupo Planeta; y Lilianne Francés, del departamento jurídico de AISGE.

De izquierda a derecha: Lillianne Francés (Aisge), Luis Elías (Planeta), Álvaro Hernández-Pinzón (AIE) y Anna Bajo (Universidad de Comillas). Foto: Adepi.

La mesa fue moderada por Álvaro Hernández-Pinzón (AIE), director estratégico de recaudación y de la asesoría jurídica de AIE, quien se estrenó además como director del seminario jurídico. Hernández-Pinzón señaló que la trayectoria de la entidad es la mejor prueba de su clara apuesta por la transparencia, y recordó en este sentido el programa de Responsabilidad Social Corporativa y el Código de Buenas Prácticas que se aprobó hace tres años.

Anna Bajo comenzó su intervención definiendo el concepto de “transparencia” aplicado al entorno empresarial: “claridad con la que una organización expone los resultados de su gestión a los distintos grupos de interés, informando sobre los principios de acción y de toma de decisión, estando además toda esta información disponible para el público”. Según esto, los criterios de transparencia de las empresas deben permitir que se comunique todo aquello relevante de forma puntual (“revelación”) para compartir la información abiertamente; que se haga de forma comprensible y coherente (“claridad”) para facilitar la comprensión; y que todo lo comunicado sea fiable y contrastable (“precisión”) para que se perciba como información correcta y válida que puede verificarse.

Bajo recordó que en cualquier caso conviene analizar previamente la información a brindar más allá de lo que exige la ley, debido al carácter privado de buena parte de la información interna de las organizaciones: “La transparencia debe estar en equilibrio con la confidencialidad de la información manejada”, concluyó.

Por su parte, la abogada de AISGE Lilianne Francés (que sustituyó al ponente inicialmente anunciado, el director de Relaciones Internacionales de AISGE José María Montes) detalló el régimen de transparencia adoptado por la mayoría de entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, coincidente en las líneas maestras con la estructura planteada por Anna Bajo: “Las entidades de gestión son transparentes y la información pública que todas ellas ponen a disposición del público lo demuestra”, resumió Francés.

Luis Elías, secretario general de Grupo Planeta y responsable de su política de propiedad intelectual y derechos de autor, apuntó que este conglomerado empresarial es a la vez creador a gran escala de contenidos y gestor de los derechos de terceros, lo que exige la máxima transparencia. Elías no quiso desaprovechar la oportunidad de la tribuna pública que le había brindado AIE invitándole a participar en el seminario, según explicó, para criticar abiertamente la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual recientemente aprobada.

El secretario general de Grupo Planeta pidió “más valentía” a los políticos: “La reforma no va a servir para nada, porque en la práctica no aporta nada: la composición de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual es la misma, las modificaciones introducidas para luchar contra la piratería no cambian en lo esencial lo que ya podía hacerse, y no se han introducido las medidas que podrían ser eficaces contra los problemas reales”. “Hemos perdido una oportunidad”, afirmó.

Después, en el debate tras la mesa, aún abundó Elías en esta percepción señalando que otra gran carencia de la normativa que se acaba de reformar es que «no se sanciona de ningún modo a los usuarios» que acceden consciente y voluntariamente a los contenidos pirateados, lo que facilita que se mantenga intacta la «sensación de impunidad» en relación a la piratería digital.

La justa remuneración de los artistas
“La justa remuneración de los artistas en los servicios de música digital”, segunda mesa de la jornada, abordó un tema de presente y de futuro: “El desarrollo de nuevos servicios de música digitales (en Internet, dispositivos móviles, etc.) está reasignando papeles en la industria musical, tanto grabada como en vivo, que deben desembocar en una justa remuneración a los agentes que intervienen en ese proceso y hacen posible que estos servicios tengan éxito. Entre ellos están los artistas, cuyo papel principal en este tipo de servicios ha de ser valorado y remunerado de forma justa”, detallaba el programa del acto.

Participaron Rafael Sánchez Aristi, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y abogado de Lehmann & Cabaleiro; Nacho García Vega, músico y coordinador general de Coartis; y Sergio Ramos, socio de Noon Venture. Ante la baja de última hora de Ramón Casas (UB) por un leve problema de salud, esta mesa fue moderada por el director general de AIE, José Luis Sevillano.

De izquierda a derecha: Segio Ramos (Noon Venture), Nacho García Vega (Coartis); José Luis Sevillano (AIE) y Rafael Sánchez Aristi (Lehmann & Cabaleiro). Foto: Adepi.

Rafael Sánchez Aristi abordó en su intervención la configuración en nuestro ordenamiento jurídico del derecho de puesta a disposición del público de los artistas. En principio, señaló, el esquema es similar al del derecho de alquiler, previsto en el artículo 109 3, 2º LPI, proveniente del artículo 5º de la Directiva 2006/115/CE. También comentó el efecto del artículo 3.6 de la dicha Directiva, según el cual “los Estados miembros podrán disponer asimismo que el presente apartado se aplique, mutatis mutandis, a los derechos comprendidos en el capítulo II”, es decir, los derechos afines de fijación, reproducción, radiodifusión y comunicación al público, y distribución. Este mecanismo de presunción de cesión más conservación de un derecho de simple remuneración no está en el TOIEF pero sí puede encontrarse para los artistas del medio audiovisual, en el artículo 12.3 del Tratado de Pekín».

Esta exposición puso el acento en que la interactividad marca si nos encontramos frente a puesta a disposición o frente a comunicación pública. “La clave de la interactividad –señaló- es la posibilidad de elección de los factores de lugar y tiempo (desde dónde se quiere efectuar el acceso y cuándo se quiere acceder al contenido), más normalmente un tercer factor: la obra o prestación a la que se quiere acceder de entre varios contenidos posibles (salvo el caso anómalo de que la explotación afecte a una sola obra o prestación)”.

“Al no haber una programación, ni combinaciones preestablecidas de los contenidos, estos están puestos a disposición del internauta como en un muestrario del que puede ir escogiendo. Se trata de una consecuencia de la posibilidad de elegir el momento en que se completará el acto comunicativo, pues esa facultad permite a cada miembro del público elegir el orden en el que los distintos contenidos –en el supuesto de que se le ofrezcan varios- se son transmitidos. En la comunicación pública a distancia convencional, si el acto de explotación afecta a varios contenidos el destinatario no puede elegir el orden en que le serán comunicados”, añadió.

Después de la prolija y rigurosa intervención de Sánchez Aristi, que diseccionó el marco legal al que debe adaptarse la regulación de la remuneración de los artistas por el uso de sus creaciones en el entorno online, el músico y coordinador general de Coartis Nacho García Vega supo resumir en una frase el injusto desequilibrio que, según demuestra la información disponible sobre las tasas de reparto, caracteriza actualmente a dicha remuneración: “De la transparencia se deriva la evidencia, y de la evidencia la injusticia”.

García Vega lamentó que esa gran oportunidad para la música que son las plataformas de streaming u otros sistemas de distribución online no lo está siendo para los artistas, y recordó al respecto las decisiones de sacar sus repertorios de algunos de estos negocios adoptadas por primeros espadas del sector en todo el mundo, «incluyendo a Radiohead o a Pink Floyd»: “No es una cuestión local, sino global, lo que puede aprovecharse para solucionar el problema globalmente”.

En este sentido, desgranó los datos de reparto mostrados en un anuncio insertado en el diario Le Monde por la sociedad de artistas francesa Adami, que muestran dicho desequilibrio y que ya habían sido anticipados por Luis Cobos en la inauguración del acto: “De los diez euros al mes de cada suscripción a una plataforma de streaming musical online, 2 € se van al Estado en impuestos, 1 € a editores/autores (publishing), 6,54 € a los intermediarios (de los que el 70 % va a los productores y el 30 % se lo queda la plataforma), y solo 0,46 € llegan a los artistas e intérpretes, repartido entre todos los artistas que se pueden escuchar en un mes”.

En suma, como destacaba la nota de prensa de Adami, en el actual modelo de distribución el artista aporta a la cadena de valor 22 veces más de lo que recibe:

Una situación de manifiesta injusticia, a juicio de los artistas intérpretes o ejecutantes, que debe cambiar lo antes posible. Fue Sergio Ramos, de la facultad de Económicas de UNED y socio de la empresa Noon Venture, último interviniente de la jornada, quien, tras detallar paso a paso cómo ha cambiado la estructura de la distribución de la música con la irrupción y consolidación de internet, planteó una pregunta clave: “¿Es posible fijar unas tarifas justas para todos los actores del proceso sin perjuicio del dinamismo que caracteriza al entorno digital?”. Los artistas creen que sí y que, como apunta el director general de AIE, José Luis Sevillano, es el momento de aportar datos concretos y promover un debate riguroso en las instituciones comunitarias, porque tarde o temprano Europa deberá tomar las decisiones que definan un nuevo marco más justo para todos los eslabones de la cadena de valor en la música digital.

“Los servicios de streaming como Spotify, Deezer y similares son el presente y el futuro, un gran activo en la distribución de la música online de forma legal, que en mi opinión es el mensaje que hay que enviar al mercado, pero es necesario equilibrar el modelo con un sistema de reparto justo de los ingresos”, concluyó Sevillano.

Como cierre de la jornada, Javier Cubedo, vicepresidente de AIE y responsable de la delegación en Cataluña que acoge anualmente el seminario, clausuró esta undécima edición agradeciendo su presencia al casi centenar de asistentes que acudió a la sede de la sociedad de artistas desafiando a la lluvia torrencial que cayó durante toda la mañana en Barcelona.