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Opinión

Reforma de la copia privada

Antonio Guisasola: "Corresponde al Gobierno establecer un sistema acorde al derecho comunitario"

“Corresponde ahora al Gobierno modificar, una vez más, la Ley de propiedad intelectual para establecer un sistema de pago de la remuneración por copia privada que sea acorde con el derecho comunitario y, por tanto, más beneficioso para los creadores que el sistema que hemos padecido estos años”, señala Antonio Guisasola, presidente de Agedi y Promusicae, en una carta hecha pública por la asociación de los productores y editores discográficos catalanes, Apecat.

24 de diciembre de 2016

Reproducimos por su interés la carta hecha pública por Apecat en la que Antonio Guisasola resume con rigor y precisión los antecedentes y el futuro inmediato de la próxima reforma del sistema español de copia privada:

“La vigente Ley de Propiedad Intelectual establece a favor de determinados titulares de derechos un derecho exclusivo de reproducción sobre sus obras y prestaciones. Sin embargo, la ley autoriza la reproducción de obras o prestaciones sin pedir autorización a su titular siempre que se lleve a cabo por una persona física para su uso privado a partir de obras a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa. Aparejada a esta limitación a su derecho de reproducción, la LPI establece una compensación equitativa por copia privada a favor de los titulares de los derechos de propiedad intelectual para compensarlos por la remuneración que dejan de percibir como consecuencia del establecimiento de este límite.

Desde el establecimiento del límite de copia privada en 1987 hasta 2011, el sistema de compensación consistía en un canon, fijado por el Gobierno, que gravaba los equipos, aparatos y soportes idóneos para la reproducción, que cobraban las entidades de gestión a los fabricantes en España e importadores de dichos equipos, aparatos y soportes.

El 30 de diciembre de 2011 el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, para la corrección del déficit público, y, en su disposición adicional décima, sustituyó el mencionado sistema del canon por una compensación con cargo a los presupuestos generales del Estado, eximiendo a fabricantes e importadores de aparatos y soportes del pago que hasta ese momento venían haciendo.

En desarrollo de la anterior disposición, se aprobó el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se regulaba el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y se establece como cada año, previa elaboración de un informe, se determinará el importe a asignar a las entidades de gestión.

Mediante la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, se modificó la regulación de la compensación por copia privada con el fin de consolidar el sistema establecido mediante el Real DecretoLey 20/2011 y reducir enormemente el ámbito de la copia privada para minimizar al máximo el importe a abonar por el Estado.

Ante la disconformidad de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual con el nuevo régimen de copia privada implantado en 2011, todas ellas interpusieron un recurso contra el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y, en el marco de dicho procedimiento, el Tribunal Supremo presentó dos cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las que requirió al TJUE que se pronunciara sobre la compatibilidad de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado con el Derecho de la Unión Europea.

El TJUE resolvió la cuestión prejudicial en fecha 9 de junio de 2016 declarando que el RD 1657/2012, y en consecuencia, sus normas de desarrollo, son contrarios al Derecho comunitario.

El 10 de noviembre de 2016, el Tribunal Supremo, en consonancia con la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

a) Anuló el Real Decreto 1657/2012, que regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

b) Declaró inaplicables la Disposición adicional 10ª del RD-Ley 20/2011 y el apartado segundo del artículo 1 de la Ley 21/2014, que desarrolló el sistema de compensación con cargo a los presupuestos generales del Estado.

Corresponde ahora al Gobierno modificar, una vez más, la Ley de propiedad intelectual para establecer un sistema de pago de la remuneración por copia privada que sea acorde con el derecho comunitario y, por tanto, más beneficioso para los creadores que el sistema que hemos padecido estos años.

El Ministerio de Cultura está trabajando en un borrador que reinstaura el antiguo sistema de canon que gravaba los aparatos y soportes aptos para hacer copias a la vez que amplía el ámbito de la excepción, ante la imposibilidad de cargar ese coste a las arcas públicas como hasta ahora.

Este nuevo sistema debería estar implantado el 1 de enero de 2017 y empezar a generar retornos económicos para los creadores en algún momento del ejercicio próximo.

Por otro lado, siguen abiertas las reclamaciones patrimoniales contra el Estado por los perjuicios sufridos por los titulares de derechos durante la vigencia de la normativa hoy anulada y que se irán sustanciando en los próximos años.”

Antonio Guisasola es presidente de Agedi y de Promusicae.

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