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Con 148 votos a favor, 191 abstenciones y 2 votos en contra

El Congreso convalida el Real Decreto-ley que traspone la directiva de gestión colectiva a la Ley de Propiedad Intelectual

El pleno del Congreso de los Diputados convalidó el pasado 10 de mayo el Real Decreto-ley 2/2018 que modifica la Ley de Propiedad Intelectual, que será tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, con lo que podrán introducirse enmiendas al texto elaborado por el Gobierno. Las novedades respecto de la versión actual de la Ley de Propiedad Intelectual consisten en la inclusión de normas específicas aplicables a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual; a aquellas entidades de gestión de otros Estados que operen en España; a las entidades dependientes de una entidad de gestión; y a los operadores de gestión independientes (OGI).

10 de mayo de 2018

El pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica la Ley de Propiedad Intelectual, para incorporar al ordenamiento jurídico dos directivas comunitarias. El Real Decreto-ley ha sido aprobado por 148 votos a favor, 191 abstenciones y 2 votos en contra, y será tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, con lo que podrán introducirse enmiendas al texto elaborado por el Gobierno.

La primera directiva que se traspone es la Directiva 2014/26/UE, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias de derechos sobre obras musicales para su utilización en un contexto transfronterizo.

Con esta directiva la Unión Europea ha querido armonizar las diversas normas nacionales de los Estados miembros que regulan las entidades de gestión. El objetivo es fortalecer su transparencia y gobernanza y la gestión de los derechos de propiedad intelectual. En este sentido, la directiva da poder a la entidad de gestión dotando de nuevos instrumentos para mejorar el control y la rendición de cuentas por los órganos de gobierno y representación de dicha entidad.

Las entidades gestionan las autorizaciones para la explotación de las obras y el cobro de las contraprestaciones correspondientes. Y tal y como recordó el propio ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, en el debate del pleno de convalidación, “estas autorizaciones y cobros serían impensables mediante la simple acción o negociación individual”.

Añadió Méndez de Vigo que una de las funciones esenciales de la gestión colectiva es fortalecer a los titulares de derechos, que en la realidad del día a día tienen siempre la posición más débil en las negociaciones con las empresas que se lucran explotando sus obras. “Las entidades de gestión representan un importante papel en la protección de la diversidad cultural, al permitir el acceso al mercado de aquellos repertorios culturales locales o menos populares que no gozan del mismo éxito comercial que otros”, enfatizó el ministro de Cultura.

La segunda norma europea que afecta al Real Decreto-ley 2/2018 convalidado es la Directiva (UE) 2017/1564. Con esta norma se armoniza el uso de obras y prestaciones sin la autorización del titular de los derechos en favor de personas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a los textos impresos. El objetivo es mejorar la disponibilidad y el intercambio dentro del mercado interior europeo de determinadas obras y prestaciones protegidas en un formato accesible.

Las novedades respecto de la versión actual del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual consisten en la inclusión de normas específicas aplicables a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, a aquellas entidades de gestión de otros Estados que operen en España; a las entidades dependientes de una entidad de gestión; y a los operadores de gestión independientes.

Los operadores de gestión independientes

Los operadores de gestión independientes (OGI) son entidades que ya están activas en España y en otros Estados europeos gestionando derechos de propiedad intelectual pero operando al margen del régimen jurídico previsto actualmente en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y de las facultades de supervisión de las Administraciones Públicas.

Las características que diferencian a estos operadores de gestión independientes son la existencia de ánimo de lucro (frente a la ausencia del mismo en las entidades de gestión) y la inexistencia de vínculo propietario o de control de los mismos por titulares de derechos (que sí existe en el caso de las entidades de gestión). El Real Decreto-ley introduce la regulación de estos operadores.

Como señaló en el debate de convalidación el portavoz de Cultura del PSOE, José Andrés Torres Mora, un debate sereno y riguroso sobre la cuestión no debería obviar que “con la excusa de unos pocos casos muy reprobables, las entidades de gestión son objeto de un ataque desleal, duro y prolongado cuyo verdadero objetivo es expropiar a los creadores y artistas de los derechos de propiedad sobre sus obras. Todo ello en nombre una utopía tecnológica que es una verdadera distopía social”.

 

Marta Rivera de la Cruz, secretaria de RRII y responsable de Cultura de Ciudadanos, destacó por su parte los aspectos susceptibles de mejora vía enmiendas que deberían abordarse para solucionar los problemas específicos de los creadores y de las entidades de gestión, entre ellos “buscar una mayor eficiencia en todo lo relativo a la seguridad de las transacciones entre los agentes del sector” y que “los mecanismos de control sean acordes con la naturaleza de nuestros agentes y sus particularidades”.

Respecto a esta última cuestión, la diputada de Ciudadanos señaló que el órgano de control que impone la directiva tiene que ser diseñado “para poder ejercer una vigilancia efectiva sobre la gestión de las entidades, integrado por personas que actúen con total independencia, que tengan a disposición toda la información que necesiten y puedan llevar a cabo un control real”.

También señaló Rivera de la Cruz la necesidad de “mejorar el irrenunciable equilibrio entre los compromisos adquiridos por los titulares y la libertad en la explotación de los derechos sus obras: si se va a facilitar el cambio de una entidad a otra, lo que ahora es muy complicado, hay que revisar las condiciones en que sucede, para que el creador no pierda nunca el control sobre su obra ni sobre los rendimientos que esta genere”.

Eduardo Maura, portavoz de Cultura de Unidos Podemos en el Congreso, fue muy crítico con el Ejecutivo: “No es que al Gobierno le falte capacidad de anticipación y de previsión en esta materia, que también, es que milita en un paradigma en declive que no es capaz de identificar ni la importancia estratégica de la gestión colectiva en el campo digital ampliado ni de comprender el potencial de la propiedad intelectual como herramienta de protección y de avance social. Por este motivo, cuando llega la hora de cambiar las leyes, se pierde la oportunidad de avanzar, de proteger, y de mejorar las condiciones de vida de muchísimas personas”.

Maura insistió en su propuesta de eliminar el artículo 71 que, según el portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, “lleva décadas perjudicando a autores musicales y favoreciendo a empresas editoriales vinculadas a las grandes discográficas”.

Novedades en recaudación y reparto

Con esta reforma también se introducen novedades en la recaudación de derechos, de modo que el reparto y pago de los importes generados por la concesión de licencias a los usuarios de derechos de propiedad intelectual se incluye un plazo máximo de nueve meses para repartir y pagar a los titulares los derechos recaudados en el año anterior y la obligación de que las entidades de gestión lleven una contabilidad analítica que les permita adecuar el importe de sus descuentos de gestión a los costes reales en los que haya incurrido.

Por otra parte, se establece la obligación de elaborar un informe anual de transparencia, en paralelo a las cuentas anuales, y se modifica el régimen sancionador para aclarar el reparto competencial cuando la potestad sancionadora corresponde al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, especificar los plazos máximos para resolver los procedimientos administrativos sancionadores por la comisión de infracciones muy graves y graves y el mecanismo de intercambio de información entre autoridades europeas.

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