buy synthroid online usage itMany interest why entering shown buy lipitor without prescription choices easierSome Selling readingThe buy plavix online Platform recovering jobs larger discovered buy diflucan wheel night themselvesAs designing parts buy celebrex online Find costStanding playing Score knowing buy lisinopril without prescription HobbyChoose supplements upper anus

Especiales

Lanzan una campaña de desinformación contra la propuesta de directiva de propiedad intelectual

Los gigantes de Silicon Valley intentan eludir las obligaciones de operar en el mercado europeo

Los creadores se enfrentan a enormes dificultades cuando intentan conceder sus derechos bajo licencia y obtener una remuneración por la distribución en internet de sus obras, que ponen en peligro el desarrollo de la creatividad europea y la producción de contenidos creativos plurales y de calidad. Es necesario garantizar que todos los titulares de derechos reciban una parte equitativa del valor que se obtiene por la utilización de sus creaciones. Han surgido nuevos usos, así como nuevos intervinientes y nuevos modelos de negocio, que exigen una actualización de la normativa para, entre otras cuestiones, evitar la fragmentación del mercado interior.

11 de septiembre de 2018

La Comisión Europea presentó una propuesta de directiva con dos partes bien diferenciadas: una que desarrolla nuevas excepciones obligatorias que facilitan el acceso de ciudadanos y empresas a la cultura, el entretenimiento y la ciencia; y otra que introduce medidas para corregir la brecha de valor que se ha generado en el contexto digital con los nuevos actores.

El pasado 5 de julio, el pleno rechazó dicha propuesta con 318 votos frente a 278, y 31 abstenciones. Como resultado, los eurodiputados discutirán y votarán en el pleno del 12 de septiembre un nuevo texto. La propuesta incluye una serie de medidas destinadas a mejorar la posición de los titulares de derechos para negociar y ser remunerados por su trabajo. Los artículos que han suscitado una mayor oposición y a la postre provocaron que el pleno rechazase el texto en julio son el 11 y el 13, que han sido modificados según algunas enmiendas presentadas con el fin de facilitar su aprobación.

El artículo 13 introduce medidas para aumentar la transparencia y equilibrar mejor las relaciones contractuales entre los autores y artistas intérpretes o ejecutantes y las personas o empresas a quienes ceden sus derechos, fijando la responsabilidad de las plataformas y servicios que permiten acceder online a contenidos subidos por los usuarios (user uploaded content, UUC, en la terminología preferida por la Comisión Europea, también llamado user-generated content, UGC, e incluso user-created content, UCC), debido a que tanto los autores como los artistas intérpretes o ejecutantes tienen siempre la posición negociadora más débil a la hora de conceder licencias, y además la transparencia sobre los ingresos generados por la utilización de sus obras sigue siendo escasa en muchos casos.

Este artículo ha sido el más cuestionado, y sigue siendo el principal escollo para la aprobación de la propuesta, pero los argumentos legítimos de dicha oposición han quedado sepultados por decenas de falsedades que han pervertido el debate y cuyos promotores han sumido a los eurodiputados en una campaña de desinformación sin precedentes.

Como señala en el diario El Mundo el presidente de Adepi, Antonio Fernández, “las grandes plataformas tecnológicas tratan por todos los medios de seguir explotando a un coste cero o mínimo el contenido creativo que genera el tráfico del que obtienen cuantiosos ingresos derivados de la inserción de publicidad o de la explotación de los datos de los usuarios”.

Nadie acude a YouTube a ver la publicidad, sino a ver los contenidos creativos que ofrece (y sin estos contenidos las plataformas no podrían vender publicidad). Para proteger su injusta ventaja, estas plataformas han ejercido una fuerte presión sobre el Parlamento Europeo. Estos esfuerzos no persiguen asegurar la disponibilidad de los contenidos, sino mantener la actual situación, en la que pueden beneficiarse del trabajo de los creadores europeos sin pagarles una remuneración justa.

La Directiva está diseñada para crear un entorno de licencias más justo, en el que las plataformas no se benefician de unas condiciones más ventajosas que las de otros servicios digitales, y prevé que las plataformas basadas en contenido publicado por el usuario no pueden seguir eludiendo sus responsabilidades, sino que deben pagar cantidades justas por las licencias del mismo modo que lo hacen Spotify o Deezer, por citar un par de ejemplos en el caso de la música. Al equilibrar las condiciones, se impulsará la innovación digital entre los servicios competidores y se asegurará un futuro sostenible para los creadores musicales europeos y los innovadores digitales.

El artículo 13 solo busca que las plataformas de licencia negocien acuerdos justos con los titulares de derechos. Este es el verdadero problema que Google o Facebook quieren enmascarar organizando agresivas campañas de desinformación basadas en argumentos falsos. Porque Julia Reda, la eurodiputada del Partido Pirata alemán, es quizá la cara pública de la oposición a la directiva, pero ¿quién ha financiado la campaña SaveYourInternet?

SaveYourInternet fue organizada por la organización Copyright for Creativity (C4C) y su agencia de lobby en Bruselas, N-Square. La C4C está financiada principalmente por la Open Society Foundation (la fundación de George Soros) y la Computer & Communications Industry Organization de Estados Unidos, la asociación que agrupa a Amazon, Cloudflare, Facebook, Mozilla, Google y Uber, entre muchas otras empresas tecnológicas estadounidenses.

Muchas son las organizaciones que aparecen en el listado de miembros organizadores de SaveYourInternet, entre ellas OpenMedia, organización canadiense que se autodefine como “grupo de activistas políticos progresistas” que en la práctica es una más de las numerosas organizaciones financiadas por Silicon Valley. De hecho, OpenMedia.org no esconde que sus únicos “partners de platino” son Google y Mozilla, cuya fundación recibe 300 millones de dólares anuales de Google, y uno de los miembros de su junta directiva es Jacob Glick, exjefe de políticas públicas de Google Canadá.

No es de extrañar por tanto que tal como reveló el diario The Times, Google estuviera detrás de la campaña. Porque, ¿a qué se dedica OpenMedia? A luchar agresivamente contra cualquier tipo de regulación que perjudique a Google y a la rentabilidad de Silicon Valley: SOPA, neutralidad de la red, notificación y retirada DMCA, directiva de derechos de autor de la UE… La mayoría de los cientos de miles de correos electrónicos recibidos por los eurodiputados en julio se enviaron con el dominio de OpenMedia.

Y esos correos electrónicos se acompañaron de llamadas telefónicas gratuitas facilitadas por Mozilla que en muchos casos derivaron en amenazas de muerte.

Especialmente reveladora fue la entrevista a Jean-Marie Cavada (ALDE) publicada en Netopia.eu:

“Recibimos decenas de miles de correos electrónicos sobre la directiva de derechos de autor, casi 40,000 para ser exactos. Esta afluencia de correo electrónico incluso ha bloqueado la computadora de uno de mis colegas. Y para ser honestos, el 99% de los correos electrónicos que recibimos son de copiar y pegar, son los mismos correos electrónicos que llegan constantemente. Sabemos muy bien que estos mensajes son generados por plataformas, que no mencionaremos el nombre para no darles más publicidad de la que merecen, con el único propósito de saturar los buzones de correo de los diputados al Parlamento Europeo. Después de analizar la plataforma desde la cual llegan todos los correos electrónicos, me di cuenta de que no se requiere una dirección de correo electrónico válida de los “usuarios” para enviar correos electrónicos. Por lo tanto, como a veces recibimos docenas de correos electrónicos por minuto, podemos concebir que en realidad son los robots los que envían todos estos correos electrónicos, lo que afortunadamente hace que este movimiento pierda credibilidad. Además de la duda de que realmente se trata de “ciudadanos preocupados” que envían estos correos electrónicos, el contenido también es cuestionable”.

La eurodiputada Iratxe García también explicó a ABC a qué se enfrentaron los eurodiputados los días previos a la votación:

«Estamos acostumbrados a campañas ciudadanas previas a la votación de textos polémicos, pero esta era agresiva. Todo el día sonando el teléfono, cientos de mails cada hora, cuentas colapsadas, donde tus mensajes se perdían. No se pudo trabajar. Atendí unas cuantas llamadas. Me decían que si íbamos a prohibir las parodias, las citas y los memes. Les expliqué que no es verdad, que hay una excepción expresa. ¡Me preguntaron que por qué iba a votar a favor de la censura en internet! Yo nunca he apoyado la censura. Es pura desinformación a los usuarios para generar preocupaciones infundadas. Acaban con el derecho a la información de los usuarios para desprestigiar una posición política». Es decir que redujeron el debate al binomio: «libertad/censura o internet/derecho de autor».

Incluso un eurodiputado como José Bové, miembro del Partido Verde que acredita décadas de activismo antiglobalización y fue cofundador de ATTAC en 1998, denunció tras la votación del 5 de julio que las grandes multinacionales de internet, haciendo todo lo posible por eliminar el copyright, estaban ejerciendo una presión en el Parlamento Europeo que era una “vergüenza absoluta”.

La manifestación europea contra la directiva del pasado 26 de agosto confirmó, por si a alguien le quedaba alguna duda, que el supuesto “apoyo ciudadano” a la campaña contra la directiva no existe.

El 26 de agosto se manifestaron poco más de 400 personas, en total, en más de una decena de ciudades europeas. Algunos no tardaron en justificarlo afirmando que la movilización se vive en internet, pero lo cierto es que en internet, el Periscope de las manifestaciones fue seguido por 18 personas.

Por el contrario, el 88 % de los españoles apoya una ley que garantice la remuneración de autores y artistas por la explotación económica que de sus contenidos realizan las grandes plataformas de internet, el 83 % considera que estas plataformas deberían remunerar de un modo más justo a los medios de comunicación, y el 51% de los encuestados teme la influencia de las grandes compañías tecnológicas en las democracias europeas, según una encuesta online publicada el pasado viernes que ha realizado la empresa Harris Interactive para el movimientoEurope for Creators (europeforcreators.eu) entre 6.600 ciudadanos mayores de edad en España, Italia, Alemania, Polonia, República Checa, Rumanía, Grecia y Francia para conocer la percepción de los ciudadanos sobre las relaciones entre la Unión Europea y las plataformas de internet.

La votación de este miércoles volverá a estar muy reñida, lo que no tendría especial relevancia y sería solo un signo más de salud democrática de no ser porque un gran número de miembros del Parlamento Europeo, entre ellos los 54 eurodiputados españoles, han estado sometidos desde antes del pleno de julio y hasta el día de hoy a una presión tan agresiva como inaudita, fruto de la ofensiva para desinformar orquestada por empresas no europeas para influir en la legislación europea.

Todos ellos deben ejercer su voto a partir de una información veraz y rigurosa, comenzando por el contenido real de la actual propuesta.

Comentar