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Sentencia del 7 de diciembre sobre el método para calcular la compensación

El Tribunal Supremo de Holanda confirma que el sistema holandés de copia privada, idéntico al español, es idóneo

A partir de 2013, el sistema holandés de gravámenes por copia privada, que hasta ese momento se limitaba a los CD-r y DVD-r, se extendió a una gama mucho más amplia de dispositivos y operadores, como reproductores de mp3, teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores, etc. Varios actores de la industria (por ejemplo, HP, DELL, ACER, Imation) iniciaron procedimientos contra el Estado holandés y Stichting de Thuiskopie. Estos fabricantes e importadores de dispositivos sujetos a gravámenes cuestionaron la validez de las Órdenes Administrativas subsiguientes por varios motivos que, en su opinión, serían contrarios a la legislación europea. El tribunal de apelación de La Haya dictaminó en su veredicto del 23 de mayo de 2017 que los AO eran legales y vinculantes. Y ahora, en casación, el Tribunal Supremo rechaza las quejas presentadas por los demandantes contra esta sentencia y, por lo tanto, ratifica la sentencia del tribunal de apelación.

3 de julio de 2019

El 7 de diciembre de 2018, el Tribunal Supremo emitió una sentencia confirmando la validez de las sucesivas Órdenes Administrativas, que durante el periodo 2013-2017, habían estado determinando los aparatos y equipos de almacenamiento que quedaban sujetos al pago de la compensación por copia privada, con arreglo al Decreto del 23 de octubre de 2012 y al art.16 (c) de la Ley de 1912 sobre derechos de autor, modificada en 2017.

En 2012, el Tribunal de Apelación de la Haya, en el caso que enfrentaba a NORMA (entidad de gestión de derechos conexos), con el Estado, falló que este último había actuado de forma injusta con los titulares de derechos, al limitar la compensación a un elenco de aparatos que no reflejaban la realidad de los usos del mercado (no se consideraban dispositivos como smartphones, tabletas, etc.).

Fruto de esta sentencia, y del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2011, (caso Opus, -asunto C-462/09-), sobre la obligatoriedad de los Estados miembros de garantizar una compensación a los titulares de derechos por las copias privadas de sus obras, se aprobó en los Países Bajos dicho Decreto de 23 de octubre de 2012 (del que se sucedieron las citadas Órdenes Administrativas, que desde el año 2013 fueron actualizaron el listado de aparatos y dispositivos de almacenamiento sujetos al pago de compensación).

Como consecuencia de lo anterior, varias empresas tecnológicas iniciaron en 2013 un procedimiento judicial contra el Estado y contra la entidad Stichting de Thuiskopie (encargada de administrar la compensación en favor de las entidades de gestión del país). El proceso ha culminado con la citada sentencia del Tribunal Supremo, que valida las diferentes Órdenes Administrativas, ha confirmado los criterios fijados por el TJUE (asunto OPUS y asunto ACI-Thuiskopie), haciendo el sistema holandés de copia privada compatible con la Directiva 2001/29/CE.

Un proceso iniciado en 2013 que llega a su fin

Los demandantes se quejaron, entre otras cosas, de que los gravámenes eran demasiado altos porque, al determinar el nivel de ese gravamen, la desventaja sufrida por los titulares de derechos de las copias de fuentes ilegales no debería haberse tenido en cuenta. Refiriéndose al amplio margen de apreciación otorgado por el Tribunal de Justicia de la UE a los Estados miembros al determinar los gravámenes y la obligación de una interpretación de la legislación nacional de conformidad con la directiva, el tribunal de apelación rechazó este argumento incluso sin tener en cuenta las copias ilegales, se puede considerar que los AO proporcionan una compensación equitativa para los titulares de derechos.

Cálculo de los daños sufridos por los titulares de derechos

Además, los demandantes declararon que se debería aplicar un «modelo de sustitución» al determinar los gravámenes por copia privada. Dicho modelo implica observar la cantidad de copias originales de las obras que los consumidores habrían comprado si no tuvieran la posibilidad de hacer copias privadas. Sin embargo, el tribunal de apelación estuvo de acuerdo con el Estado holandés y Stichting de Thuiskopie en que al calcular el nivel de la remuneración por copia privada, se debe aplicar el llamado «modelo de licencia», por lo que cada copia hecha representa un cierto valor, independientemente de si el consumidor habría comprado un original.

La exención para usos profesionales

Los demandantes argumentaron además que el sistema de exención inicial y reembolso aplicado por Stichting de Thuiskopie en caso de uso profesional de objetos sujetos a impuestos de PC no estaría en línea con la legislación europea, ya que este sistema no estaba establecido en la normativa pertinente. El Tribunal de Apelación de La Haya dictaminó que esto no es necesario: es suficiente que exista un sistema de reembolso efectivo.

En resumen: la sentencia del Tribunal Supremo estableció definitivamente que las Órdenes Administrativas que establecían los gravámenes de copia privada en el período 2013-2017 eran legales y vinculantes y que Stichting de Thuiskopie podría recaudar esos gravámenes en nombre de los titulares de derechos. El Tribunal Supremo ha confirmado los principales criterios establecidos por los diversos casos del Tribunal de Justicia y, por lo tanto, ha confirmado que el sistema holandés cumple plenamente estos criterios y la Directiva.

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