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"Que eleve el nivel de protección de derechos en lugar de su desprotección"

El colectivo de titulares de derechos pide al Gobierno que retire el anteproyecto y aborde una reforma general de la LPI

Las ocho entidades españolas de gestión de derechos de propiedad intelectual reiteran su petición unánime al Gobierno para que retire el anteproyecto de ley de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual. “Este anteproyecto ha sido redactado sin contar con los titulares de derechos y sin medir las consecuencias que puede ocasionar esta reforma que, en modo alguno, desarrolla instrumentos legales que generen creación, emprendimiento y promoción cultural, precisamente en un momento en que la situación de crisis económica exige la implantación de medidas encaminadas a promover una industria cultural, creativa y del entretenimiento más potente que abra nuevas vías de creación de empleo”, señalan.

30 de abril de 2013

logosochoentidades

“Cualquier reforma en materia de propiedad intelectual debe ir encaminada a elevar el nivel de protección de los derechos de propiedad intelectual, y los titulares de derechos no pueden permanecer al margen de una reforma legislativa que afecte a la remuneración de sus creaciones y al modelo en que los derechos de propiedad intelectual son gestionados”, recuerdan las entidades de gestión.

Los titulares de derechos solicitan que se aborde una reforma general de la Ley de Propiedad Intelectual “con objeto de mantener, adaptar y dotar, en sus respectivos casos, a titulares de derechos, usuarios y operadores económicos de un instrumento legal eficiente, adaptado a la realidad social, económica y tecnológica de la sociedad española, y que incentive decididamente la creación y emprendimiento cultural, como factor de desarrollo económico y competitividad”.

“La experiencia acumulada en el desarrollo de otros proyectos normativos, y significativamente en el seno de la Unión Europea, ha demostrado la conveniencia de realizar estudios de impacto sectorial de las medidas a implementar a través de una reforma normativa que en esta reforma han sido obviados. De esta forma es posible anticipar los efectos tanto para el desarrollo de los sectores afectados, como para los destinatarios de la norma. Convendría considerar la posibilidad de realizar este tipo de estudio a fin de poder adelantar una estimación independiente de dichos efectos, y, en su caso, introducir las modificaciones precisas”, añaden las entidades.

Pero el Gobierno no ha realizado un estudio de impacto sectorial de la reforma: “Se han omitido en la actual propuesta de reforma, y en tales circunstancias no es posible hacer una mínima estimación del coste que, por ejemplo, deberán asumir los consumidores cuando la práctica totalidad de las copias que éstos realizan pasarán a ser ilegales”.

Dos modificaciones legislativas previas
Las entidades de gestión consideran que a día de hoy únicamente son necesarias, antes de abordar el proceso de reforma general que proponen, dos modificaciones legislativas: “La primera de ellas afecta al plazo de duración de determinados  derechos de los productores fonográficos y de los artistas intérpretes y ejecutantes musicales, toda vez que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.1 de la Directiva 2011/77/CE, el plazo de trasposición de la misma al ordenamiento jurídico español finaliza el próximo día 1 de noviembre de 2013”. Ello unido a la remuneración adicional que en determinados supuestos ha de ser traspuesta también a la normativa interna.

“La segunda de ellas es la modificación del artículo 158 ter del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, al objeto de mejorar la eficacia en la tutela de los derechos de propiedad intelectual en el entorno de la red. […] En definitiva, entendemos que, salvo en estos dos precisos casos, no concurren las circunstancias de urgencia que se proponen en el anteproyecto”. Máxime cuando están en marcha procesos normativos y jurisdiccionales que afectarán a las materias objeto del mismo.

Sobre la copia privada y otros límites
Las entidades de gestión estiman que el sistema en vigor, además de ser perjudicial para los intereses tanto de los titulares de derechos como de los consumidores, no se ajusta al resultado buscado por la Directiva 2001/29/CE, ni a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en las dos ocasiones en que, hasta ahora, se ha pronunciado sobre la materia. “La falta de medidas de tutela que garanticen a los titulares el ejercicio del derecho exclusivo frente a los actos de reproducción, masivos e incontrolados, realizados fuera del límite, separa aún más dicha regulación de la norma comunitaria”, explican.

“El hecho de que en este momento dicha cuestión se encuentre sometida a la jurisdicción de al menos dos órganos judiciales españoles, en un total de seis procedimientos distintos, entendemos que aconseja, igualmente en esta materia, suspender la iniciativa legislativa hasta el próximo pronunciamiento judicial”, enfatizan los titulares de derechos.

En estos momentos la Comisión Europea, una vez recibido el informe del mediador designado, está analizando la situación del límite en la Unión, y se espera que antes del final del presente año formule una iniciativa al respecto. Por su lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está actualmente conociendo de al menos tres cuestiones prejudiciales relativas al límite.

“En tales circunstancias –señalan las entidades-, parece razonable suspender cualquier iniciativa legislativa al menos hasta tanto ambas instancias se pronuncien sobre los asuntos pendientes de sus respectivas competencias, y, a partir del momento en que el entorno jurídico de la copia privada haya alcanzado una situación de estabilidad, poder adoptar la iniciativa legislativa correspondiente. Un elemental principio de prudencia, unido al de seguridad jurídica, aconseja la adopción de dicha decisión”.

Sobre la gestión colectiva de derechos
Igualmente es objeto de reforma integral el sistema de gestión colectiva, en el que se ha optado por favorecer la transferencia de una parte notoria de la gestión actualmente  desempeñada por las entidades de gestión a otro tipo de operadores económicos, con o sin ánimo de lucro. Priorizando la gestión colectiva solamente en aquellos casos en los que ésta viene impuesta por un mandato legal.

Las entidades de gestión entienden que dicha preferencia, unida, además, a «una notoria reducción, cuando no eliminación “de facto”, del ámbito de la presunción de legitimación para el ejercicio de los derechos confiados, que cuenta con una larga tradición legal y jurisprudencial en España», puede llevar a una fragmentación del mercado «que desembocará en un incremento notable de los costes de transacción que deberán soportar los usuarios».

“A este respecto debe tenerse en cuenta que un incremento del número de operadores en este mercado no supondrá un incremento de la competencia, ya que, como es conocido, los titulares de los derechos no pueden encomendar la administración del derecho a autorizar una misma modalidad de explotación a diferentes gestores por razones de seguridad jurídica para los usuarios de tales derechos”, apuntan.

“Por otro lado, también es necesario tener en cuenta que la penalización de la gestión colectiva puede conllevar que los titulares de los repertorios con mayor potencial económico prefieran gestionar directamente sus propios derechos, fuera del marco de las entidades de gestión. Lo cual producirá dos efectos. El primero, una priorización de los usuarios hacia dichos repertorios a la hora de la negociación y contratación, lo que producirá un detrimento en aquellos repertorios de obras menos comerciales y, en definitiva, de la posición e ingresos de los titulares con menor poder de negociación. El segundo una elevación de los costes de transacción, ya que esos usuarios se verán abocados a la negociación con diferentes operadores para obtener el resultado que actualmente consiguen en una única negociación más allá del efecto colateral de una reducción de la diversidad de la oferta”.

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