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Programa Máster Class del Instituto Autor

António Vitorino: “La compensación por copia privada debe pagarla quien causa el perjuicio”

António Vitorino, designado mediador por la Comisión Europea para armonizar cómo pagar la compensación por copia privada en Europa, recordó este jueves en Madrid que el actual sistema español es atípico en comparación con el resto de sistemas vigentes en nuestro entorno, basados en todos los países de la Unión Europea en un canon a dispositivos y soportes. Vitorino señaló que, según establece la legislación europea, son las personas físicas o jurídicas que producen efectivamente el perjuicio a los creadores quienes deben asumir el pago de la compensación equitativa por las copias privadas que realizan los ciudadanos.

30 de enero de 2014

vitoint

En el marco del Programa Máster Class 2013/14 organizado por el Instituto Autor y la OMPI, António Vitorino impartió este jueves en la sede de SGAE en Madrid la máster class «El proceso de mediación en materia de copia privada en la Unión Europea». La conferencia ha tenido lugar pocos días después de hacerse pública una significativa sentencia del Tribunal Supremo de Austria sobre el asunto.

El ex comisario europeo de Justicia e Interior aventuró que los sistemas compensatorios a los titulares seguirán siendo muy relevantes y no desaparecerán a corto o medio plazo, porque los derechos de propiedad intelectual son un activo esencial de nuestra economía y nuestra sociedad y es necesario garantizar la compensación a los creadores por las copias privadas de sus obras.

Vitorino propone dos alternativas: trasladar el pago de la compensación de los importadores y fabricantes a los distribuidores y minoristas, obligando a los fabricantes e importadores a informar a las entidades de gestión sobre los materiales distribuidos; o bien mantener el pago por fabricantes e importadores con un sistema de exención para las personas jurídicas que manifiestamente no hagan copias privadas.

Sentencias relacionadas
Durante su ponencia, introducida por el presidente de SGAE, José Luis Acosta, el ex comisario Vitorino ha analizado varias resoluciones judiciales recientes directamente vinculadas a la controvertida armonización europea de la compensación por copia privada.

Las sentencias, recopiladas por el Instituto Autor en su sitio web, son las siguientes:
– Tribunal de Justicia de la Unión Europea Caso SGAE (Sala Tercera) Caso PADAWAN, SL contra Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE). Sentencia de 21 octubre 2010. PDF
– Tribunal de Justicia de la Unión Europea Caso Stichting de Thuiskopie (Sala Tercera) Caso Stichting de Thuiskopie contra Opus Supplies Deutschland GmbH y otros. Sentencia de 16 junio 2011. PDF
– Tribunal de Justicia de la Unión Europea Caso VG Wort (Sala Cuarta) Caso Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) y otros contra Kyocera y otros. Sentencia de 27 junio 2013. PDF
– Tribunal de Justicia de la Unión Europea Caso Amazon.com International Sales y otros (Sala Segunda) Caso Amazon.com International Sales Inc contra Austro Mechana. Sentencia de 11 julio 2013. PDF

Un sistema injusto e indiscriminado
Las recomendaciones del informe presentado por Vitorino a la Comisión Europea únicamente contemplan como sistema de financiación de la compensación a los titulares de derechos el pago de una remuneración sobre los equipos y soportes que sirvan para grabar obras protegidas. En ningún caso se contempla un sistema similar al que erróneamente ha implantado el Gobierno español con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (solo tiene un sistema similar Noruega, que no es miembro de la Unión Europea ni de la unión económica y monetaria europea).

En este sentido, las entidades de gestión españolas han señalado que el informe de Vitorino les da totalmente la razón y que el actual sistema español no remunera ni equitativamente ni en función del daño a los titulares de derechos, porque condiciona la compensación a una partida presupuestaria previamente establecida y abonada por el Estado.

El sistema, denuncian, es indiscriminado y alejado de la Directiva y único en la Unión Europea: el Estado no puede repercutir el canon a los consumidores y no puede discriminar entre personas físicas y jurídicas, por lo que se aleja de los objetivos y finalidad de la Directiva y de los fundamentos de las diferentes resoluciones al respecto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

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