El informe de la CNMC sobre el borrador de Orden Ministerial que determinará las tarifas de las entidades de gestión señala algunas de las “carencias relevantes” denunciadas por Adepi.

Por ejemplo, que las diferencias de trato para servicios públicos de radiodifusión podrían no respetar la Ley de Propiedad Intelectual y presentan riesgos de neutralidad competitiva. El Gobierno persigue en la práctica que la radio y televisión públicas no paguen los derechos de propiedad intelectual en las mismas condiciones que las empresas privadas de radiodifusión, lo que no es conforme al Derecho comunitario; es contrario a la competencia; y, además, es discriminatorio contra el sector cultural, pues esos mismos servicios públicos pagan a precios de mercado otros contenidos, como los deportivos, incluso compitiendo en los concursos en que se adjudican.

En segundo lugar, la CNMC insiste en que existen serias dudas de que el borrador sea respetuoso con los principios de jerarquía normativa y reserva de ley, y también recomienda revisar su redacción íntegra. Adepi y varias organizaciones de creadores denunciaron por carta al ministro Méndez de Vigo que el borrador de Orden Ministerial contenía algunos artículos que en su integridad eran absolutamente inválidos.

Asimismo, también coincide la CNMC con Adepi en que el criterio de los ingresos económicos no debería tener un papel exclusivo. Condicionar el establecimiento de tarifas generales a los ingresos económicos obtenidos por el usuario por la explotación comercial del repertorio conlleva hacer a los titulares, siquiera de forma indirecta, copartícipes del negocio del usuario, lo que no es de recibo.

UNA GESTIÓN EFICIENTE DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EXIGE UNA LIMITACIÓN LEGAL DE LA COMPETENCIA

Los organismos españoles de Competencia, beligerantes contra la gestión colectiva, han cuestionado durante años comportamientos absolutamente legales de las entidades de gestión. Sin embargo, como nos recuerda una y otra vez Europa, desde la perspectiva económica la gestión colectiva está justificada por eficiencias, porque es imposible la gestión individual del uso del derecho. Al contrario de lo que preconiza la CNMC, los llamados monopolios naturales de territorialidad nacional son el sistema más eficiente, en términos de costes, para gestionar los derechos de propiedad intelectual.

AGEDI, AIE, AISGE, CEDRO, DAMA, EGEDA, SGAE y VEGAP, las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual que forman ADEPI, representan los intereses de más de 157.000 profesionales y 7.100 empresas de las industrias culturales, creativas y del entretenimiento, cuya actividad supone un 3,5% del PIB español y de la que dependen más de 433.300 empleos directos.