Las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual AGEDI y AIE desmienten categóricamente que hayan “fijado” un “sistema remuneratorio inequitativo y discriminatorio por la gestión de los derechos de uso de la música por parte de las emisoras de radio”, pues, entre muchas otras razones, dicho sistema se encontraba todavía en fase de negociación cuando la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) lo denunció ante la CNMC: “Competencia ha impuesto una sanción a un diseño de tarifa no aplicado a las emisoras de la denunciante AERC y que, en cualquier caso, cuenta con sólidas evidencias económicas, incluyendo el aval de las principales consultoras independientes internacionales”, señalan ambas entidades.

La resolución confirma las incoherencias del marco normativo en que deben actuar las entidades de gestión, así como la inseguridad jurídica que dicho marco provoca a los titulares de derechos: por una parte, la CNMC señala como causa de la sanción que AGEDI y AIE “aplicaban tarifas distintas para las emisoras de radio en función de si eran de titularidad pública o privada”.

Por otra parte, el Gobierno ha impulsado una Ley de Propiedad Intelectual que establece en su disposición adicional segunda que las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual deberán aplicar tarifas distintas a “aquellos usuarios que tengan encomendada la gestión de servicios públicos de radio y televisión, carezcan de ánimo de lucro y tengan legalmente impuestas obligaciones de fomento de la cultura”.

Simplificando, se puede por tanto afirmar que multar “por el trato discriminatorio de las emisoras de radio comerciales de propiedad privada respecto de las emisoras de radio de titularidad pública” es multar por cumplir la ley. Los organismos españoles de Competencia, beligerantes contra la gestión colectiva, han cuestionado durante años comportamientos absolutamente legales de las entidades de gestión. No sorprende que, en ese contexto, ciertos usuarios, que son en la práctica tan monopolio como las entidades de gestión, utilicen la denuncia ante la CNMC como una herramienta más de la negociación.

AGEDI y AIE niegan igualmente que hayan incurrido en trato discriminatorio alguno entre usuarios y, por lo tanto, niegan rotundamente haber infringido la normativa vigente y recuerdan que todas y cada una de sus actuaciones respetan siempre la más estricta legalidad. Por eso interpondrán recurso contencioso-administrativo contra la citada Resolución, adoptada el pasado 26 de noviembre.