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Revista de prensa

El Mundo, 7 de febrero
Eduardo Fernández

"Google busca doblegar a la prensa"

«Aceptar que la remuneración esté sujeta a acuerdos individuales de cada editor con Google, cuyas condiciones se fijan de acuerdo a criterios de evaluación internos de la compañía, significa aceptar que los pagos los determine de forma arbitraria un algoritmo cuyo funcionamiento está enteramente controlado por Google y es opaco para Gobierno, ciudadanos y los propios editores», destaca Antonio Fernández, presidente de Adepi, que introduce otra variable: «Europa no puede permitir que sus industrias estratégicas pasen a depender de grupos empresariales no europeos, un error mayúsculo, como hemos visto con otros sectores durante la pandemia».

8 de febrero de 2021

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“Aunque el equilibrio en las negociaciones parece complicado (Google aglutina en torno al 96% de las búsquedas de internet que se realizan en España según datos de Statista), las asociaciones de creadores ven en la gestión colectiva la unión que ha hecho la fuerza, la garantía de compensación transparente del trabajo periodístico, irrenunciablemente. «Frente a ese modelo, Google y otras plataformas imponen acuerdos confidenciales opacos a quienes se pliegan a sus condiciones», avisaba recientemente una decena de asociaciones de creadores en un manifiesto público. Es decir, Google explora ya preacuerdos con los medios españoles, a la espera de que la nueva legislación les dé alas, y lo hace por separado. Un divide y vencerás evitaría la negociación con el sector de la prensa en bloque y es evidente que Google prefiere pactar contraprestaciones con las marcas una a una; puede ofrecer a esos medios desembolsos concretos, financiación de otros proyectos o simplemente visibilidad, más atractiva cuanto más busca el clic una noticia. […] «Nadie sabe cuánto tiempo Google les asegura la vigencia de ese acuerdo», advierte Jorge Corrales, director general de Cedro”.

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“El artículo 15 de la directiva europea 2019/790, punto clave del texto a transponer, determina, además la compensación a los editores, la de los autores, desde articulistas hasta ilustradores. «No hay que permitir que la opacidad de los contratos individuales afecte negativamente al derecho de los autores (periodistas, escritores, fotógrafos…) a percibir parte de la remuneración obtenida por el editor», resaltaba recientemente la campaña Somos gestión colectiva, el manifiesto que ha liderado la Asociación para el desarrollo de la propiedad intelectual (Adepi) […]”

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El plazo marcado por Europa para la transposición finaliza el 7 de junio de 2021, si bien a menudo los Estados miembros rebasan esos márgenes. En España, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que lidera la vicepresidenta tercera Nadia Calviño tiene mucho que decir, pero la decisión corresponde a Rodríguez Uribes y al departamento de Cultura ubicado en la madrileña Plaza del Rey, bien sea mantener la protección a la prensa ya construida o deshacer tanto la gestión colectiva como la irrenunciabilidad a una compensación. A favor del argumentario de Google figura una frase que el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, plasmó por escrito el pasado noviembre, contra la imposición de «un mecanismo de gestión colectiva obligatoria». Sin embargo, ese mecanismo ya rige en la ley española. «La única institución que puede interpretar la idoneidad o no de las disposiciones con las que cada Estado miembro transpone es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea», apunta Fernández desde Adepi”.

[…]

Puedes leer el artículo completo aquí.

 

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