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Adepi informa

Apuestan por aumentar la litigiosidad y colapsar los juzgados

Las televisiones de UTECA, las radios y las grandes tecnológicas maniobran contra los derechos de autor

El Congreso ha rechazado en su votación de este miércoles una enmienda del Grupo Socialista al Anteproyecto de Ley de medidas de apoyo al sector cultural, que respecto a la fijación de tarifas facilitaba la flexibilidad y cooperación entre los titulares de derechos de propiedad intelectual, por una parte, y, por otra, las televisiones comerciales agrupadas en UTECA, las radios privadas y las grandes tecnológicas, cuya oposición a la misma es una apuesta sin ambages por aumentar la litigiosidad y colapsar los juzgados.

23 de septiembre de 2021

Adepi lamenta que una propuesta razonada y razonable del Ministerio de Cultura y Deporte, que como tal fue aprobada por el Senado el pasado miércoles 15 de septiembre, haya sido suprimida en el Congreso por la presión mediática y política ejercida por usuarios de derechos que son precisamente algunos de los mayores medios de comunicación.

Autores, artistas, editores y productores están seriamente preocupados ante situaciones como esta, que parecen consolidar la tendencia de plegarse a los intereses de grandes usuarios cuyo principal objetivo es abaratar la explotación de contenidos protegidos por propiedad intelectual.

La enmienda del Grupo Socialista proponía eliminar la obligación del Gobierno de elaborar una orden ministerial de determinación de tarifas generales. La anterior orden fue anulada por el Tribunal Supremo en 2018 y, pese a ello, la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual ha ejercido sus funciones de manera correcta y adecuada sin necesidad de orden de metodología. Las resoluciones que viene dictando, poniendo fin a los conflictos tarifarios, hacen una aplicación e interpretación directa de los criterios establecidos en la ley, y lo hace de una manera muy razonada y motivada.

Las entidades de gestión, una vez aprobaron sus tarifas ajustándose a los criterios legalmente establecidos, han desarrollado con normalidad su actuación dentro de los parámetros marcados por el legislador, puesto que los criterios de fijación de tarifas establecidos en la ley son claros y objetivos, a la vez que impiden que las entidades de gestión puedan establecer sus tarifas generales de forma unilateral.

Ningún país de nuestro entorno contempla en su ley de propiedad intelectual una orden de metodología de tarifas. Por tanto, se trata de una situación particular y singular de la legislación española, que además no es exigida por la Directiva de gestión colectiva, cuya trasposición se culminó con la ley de 2019, por lo que resulta más extraño si cabe que la enmienda del Grupo Socialista no haya prosperado.

La exigencia por parte de UTECA, AERC y DIGITALES responde al deseo de estas organizaciones de usuarios de derechos de propiedad intelectual de restringir y coartar todavía más el ámbito de actuación y la libertad de las entidades de gestión, con el consiguiente perjuicio para la comunidad creativa.

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