El Gobierno ha publicado este viernes en el BOE la Orden de metodología para la determinación de las tarifas generales de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. El texto evidencia que la Secretaría de Estado de Cultura ha permitido participar en su redacción a usuarios muy poderosos de otros sectores, que han podido influir en su contenido con la pretensión de evitar el pago de un precio justo por la explotación de obras y prestaciones, mermando arbitrariamente la remuneración de los autores, artistas, editores y productores musicales y audiovisuales.

Una vez más, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte pone de acuerdo a usuarios, asociaciones de usuarios, titulares, entidades de gestión y CNMC, pues todos coinciden en que, pese a que el Gobierno pretende aprobar esta orden con tramitación de urgencia, buena parte de las disposiciones del borrador son nulas de pleno de derecho y debe de ser redactado íntegramente de nuevo.

Los artistas, autores, editores y productores piden al nuevo ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, cambios en la política sobre propiedad intelectual y un diálogo constructivo que permita aprovechar los meses que quedan de legislatura para encontrar soluciones de consenso a los graves problemas que ha creado la reciente reforma de la Ley.

Por segundo año consecutivo el Gobierno ha reducido la compensación por copia privada en un 95 % respecto a lo que el mismo Ejecutivo estimó en 2011, imponiendo en la nueva Ley de Propiedad Intelectual un criterio sobre qué es y qué no es copia privada que convierte en piratas a la mayoría de ciudadanos. El informe sobre el que el Gobierno sustenta la ridícula estimación del perjuicio causado está basado en el encargado por la industria TIC en 2011 para que España sea el único miembro de la UE donde la compensación la pagan todos los ciudadanos vía PGE.