La sentencia confirma que el sistema español vulnera la legislación europea
El Tribunal de Justicia tumba el modelo español de copia privada
La Secretaría de Estado de Cultura deberá rectificar. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado la razón por completo a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual al sentenciar este jueves que el sistema español de compensación de copia privada no es acorde a la legislación comunitaria: “[la Directiva de derechos de autor] debe interpretarse en el sentido de que se opone a un sistema de compensación equitativa por copia privada […] sufragado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado”.
La directora general de Cedro, Magdalena Vinent, ha sido elegida este lunes presidenta de la Asociación para el desarrollo de la propiedad intelectual, Adepi, reemplazando en el cargo a Abel Martín, director general de Aisge. Martín y Víctor Romano, director general de Dama, han sido nombrados vicepresidentes.
Publicada en el BOE la Orden de metodología de tarifas de las entidades de gestión
El Gobierno maltrata una vez más al sector cultural
El Gobierno ha publicado este viernes en el BOE la Orden de metodología para la determinación de las tarifas generales de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. El texto evidencia que la Secretaría de Estado de Cultura ha permitido participar en su redacción a usuarios muy poderosos de otros sectores, que han podido influir en su contenido con la pretensión de evitar el pago de un precio justo por la explotación de obras y prestaciones, mermando arbitrariamente la remuneración de los autores, artistas, editores y productores musicales y audiovisuales.
La CNMC confirma las deficiencias del borrador de orden de tarifas denunciadas por las entidades de gestión
Una vez más, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte pone de acuerdo a usuarios, asociaciones de usuarios, titulares, entidades de gestión y CNMC, pues todos coinciden en que, pese a que el Gobierno pretende aprobar esta orden con tramitación de urgencia, buena parte de las disposiciones del borrador son nulas de pleno de derecho y debe de ser redactado íntegramente de nuevo.
Íñigo Méndez de Vigo sustituye a Wert
El sector cultural pide al nuevo ministro un cambio de rumbo en la política cultural
Los artistas, autores, editores y productores piden al nuevo ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, cambios en la política sobre propiedad intelectual y un diálogo constructivo que permita aprovechar los meses que quedan de legislatura para encontrar soluciones de consenso a los graves problemas que ha creado la reciente reforma de la Ley.
Pese al cuestionamiento del Tribunal Supremo, Cultura insiste en reducir la compensación por copia privada a los cinco millones autorizados por Hacienda
El Gobierno deja en evidencia a Wert y a Lassalle una vez más obligándoles a aprobar un importe para copia privada muy inferior al comprometido
Por segundo año consecutivo el Gobierno ha reducido la compensación por copia privada en un 95 % respecto a lo que el mismo Ejecutivo estimó en 2011, imponiendo en la nueva Ley de Propiedad Intelectual un criterio sobre qué es y qué no es copia privada que convierte en piratas a la mayoría de ciudadanos. El informe sobre el que el Gobierno sustenta la ridícula estimación del perjuicio causado está basado en el encargado por la industria TIC en 2011 para que España sea el único miembro de la UE donde la compensación la pagan todos los ciudadanos vía PGE.
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Adepi informa
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Apuestan por aumentar la litigiosidad y colapsar los juzgados
Las televisiones de UTECA, las radios y las grandes tecnológicas maniobran contra los derechos de autor
El Congreso ha rechazado en su votación de este miércoles una enmienda del Grupo Socialista al Anteproyecto de Ley de medidas de apoyo al sector cultural, que respecto a la fijación de tarifas facilitaba la flexibilidad y cooperación entre los titulares de derechos de propiedad intelectual, por una parte, y, por otra, las televisiones comerciales agrupadas en UTECA, las radios privadas y las grandes tecnológicas, cuya oposición a la misma es una apuesta sin ambages por aumentar la litigiosidad y colapsar los juzgados.
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