El Tribunal Supremo ha planteado dos cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de Luxemburgo sobre el actual sistema de compensación por copia privada en España con cargo a los presupuestos generales, por considerar que puede ser contrario a la normativa europea.

“La comunidad creativa de España y los trabajadores de la Cultura no pueden ser ignorados por el Senado”. Es el encabezamiento de una carta enviada por ADEPI, la asociación para el desarrollo de la propiedad intelectual, al presidente del Senado, Pío García-Escudero, y a todos los senadores, reclamando que los artistas, autores, productores y editores de España ocupen el lugar que les corresponde en cualquier debate que se organice en una institución pública.

Tras la aprobación en la Comisión de Cultura del proyecto impuesto por el Gobierno para reformar la Ley de Propiedad Intelectual, las entidades agrupadas en Adepi rechazan un texto que al hacer más difícil la gestión de derechos crea problemas en lugar de resolverlos, y tampoco garantiza la protección de las obras frente a la piratería online.

Durante las próximas semanas se debatirá en el Congreso y el Senado el proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que el Consejo de Ministros aprobó el pasado febrero. Pese a que las entidades de gestión han aportado la información necesaria para mejorarla, la reforma continúa siendo deficiente en aspectos que es esencial corregir para consolidar el adecuado marco legal de los derechos de propiedad intelectual y la eficiencia de su gestión colectiva.

El Ejecutivo no ha contado con los agentes de la cultura implicados ni con las indicaciones del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. El proyecto nos aleja de Europa, y además de introducir confusión en el mercado y desconcierto en los usuarios aumentará los litigios. ¿Los grandes beneficiados? Las empresas tecnológicas.