El pasado martes 18 de marzo se celebró, ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid, la primera vista en nuestro país para decidir sobre la ejecución de una medida adoptada por la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. La web puesta en cuestión era goear.com, una página para escucha de audio en streaming que alberga casi cuatro millones de archivos subidos por los usuarios sin ningún tipo de autorización por parte de los titulares de las obras. La resolución judicial deja un sabor agridulce, o más bien decepcionante, pues no entra en el fondo de la cuestión y se limita a constatar que Goear eliminó la víspera de la vista unos pocos archivos que la Comisión de Propiedad Intelectual puso como ejemplo de incumplimiento de la ley.

«Todos esos supuestos “expertos” en propiedad intelectual (algunos de ellos, abogados con un lucrativo negocio asentado en la defensa de los piratas) que rechazaban de plano esta interpretación, y que venían a decir que enlazar y comunicarlo a los amigos en una página web no sólo era legal, sino justo y hasta benéfico, se han quedado de pronto sin munición».

“La Comisión Europea tiene un mérito: ha hecho lo que dijo que haría. En este caso conseguir la reapertura de la Directiva 2001/29/CE relativa a los derechos de autor en la sociedad de la información. […] ¿Por qué reabrir un texto que actores, autores, artistas, productores, editores, etc. consideran aplicable en su actual estado y no presenta problemas irresolubles? Porque, sencillamente, la Comisión considera después de muchos años que los derechos de autor son un freno a la construcción de la Unión”.

El proyecto de reforma de la ley de propiedad intelectual aprobado ayer no va a solucionar los problemas del sector, pese a lo que afirmó el ministro Wert. Eso es algo que intuyen todos los afectados, a expensas de conocer el texto que finalmente llevará el Gobierno al Congreso y al Senado.

«Creer que la cultura es algo que los autores fabrican en ratos libres, por diversión y sin esfuerzo, es una estupidez en la que incurren muchos. Así que calculen lo que pasa cuando las ventas legales caen en picado. Y si eso sucede con autores superventas, que aún se las apañan, consideren lo que espera a los autores modestos. Quién podrá permitirse, de aquí a nada, dedicar dos años a crear algo sabiendo que después no cobrará por ello. Imaginen a un abogado, un arquitecto, un fontanero, a los que no pagaran sino tres de cada diez clientes. Si este trabajo lo quieres gratis, dirían, que lo haga tu puta madre».

«El Ministerio de Justicia propuso un texto para los artículos 270 y 271 del Código Penal que parecía proporcionar un sistema equilibrado de intervención y tutela de los derechos de propiedad intelectual y los de libertad de expresión empleados en el entorno digital que recibió el visto bueno del Consejo de Estado; lamentablemente, la redacción finalmente aprobada por el Gobierno lo modificó y el Consejo no ha podido sino censurar la ambigüedad y el uso de «numerosos conceptos indeterminados, ciertamente imprecisos, lo que ha sido constantemente criticado, incluso por la Comisión Europea».