Las razones del rechazo de artistas, autores, productores y editores a la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual pueden sintetizarse en una sola idea: injusticia. La reforma aprobada por el Congreso el día 30 de octubre se ensaña contra el sistema de propiedad intelectual a favor de otros sectores económicos ajenos a la creación y perjudica a los titulares de derechos, que van a sufrir una nueva disminución de sus rentas. Rentas que no proceden, dígase alto y claro, de subvenciones públicas, sino de las industrias que utilizan esos contenidos para generar actividad económica, y que deben retribuir la aportación de valor a su negocio que realizan los titulares de las obras.

El Gobierno se ha equivocado al no equilibrar los beneficios que el sector tecnológico obtiene de la utilización, legal, ilegal y alegal de los contenidos protegidos y los graves perjuicios que esa utilización causa. Ni la reforma de la compensación por copia privada ni las propuestas antipiratería son acertadas, porque ni compensan con justicia ni protegen con eficacia. Por último, la ley no debe enfrentar a sectores que son complementarios: garantizar la equidad de las tarifas de las entidades no es lo mismo que bloquear su derecho a fijarlas imponiendo requisitos que dejan solo en manos de los usuarios el cierre de los acuerdos. Se puede y se debe reequilibrar esa relación sin afectar a la competitividad de ningún sector.

Pero si la ley ha acumulado tantas deficiencias, pese a la disposición de todos los afectados por corregirlas, no se debe más que al inmovilismo del Gobierno. El jueves 31 de enero de 2013 el ministro Wert se reunió con los presidentes de las entidades de gestión. En dicha reunión prometió la creación de un grupo de trabajo, en el que estarían presentes los departamentos ministeriales con competencias que afectan a la propiedad intelectual, con el objetivo de incorporar al entonces anteproyecto de ley las posiciones de los principales afectados por la reforma, es decir los artistas, autores, editores y productores. Ese grupo nunca fue constituido.

En octubre, el portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Cultura en el Congreso aseguró públicamente que en el trámite parlamentario se solucionarían los problemas del anteproyecto. Pero en el Congreso las enmiendas fueron rechazadas y no se hizo ninguna corrección. Tras el riguroso varapalo jurídico que dio al anteproyecto el Consejo General del Poder Judicial y las deficiencias señaladas por el Consejo de Consumidores y Usuarios, el ministro Wert afirmó literalmente el 3 de diciembre de 2013: “Procederemos a analizar el contenido del dictamen del Consejo de Estado y a incorporar las recomendaciones que se desprendan del mismo”. El Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, hizo muchas recomendaciones, algunas de gran calado. No se incorporó ninguna.

Ya en 2014, el ministro, en el debate de totalidad, manifestó en sede parlamentaria su voluntad de consensuar con el sector y los partidos políticos la reforma de la ley. Pero el 22 de julio el texto fue aprobado en el Congreso sin que el PP hubiera aceptado ninguna enmienda ni aplicado modificación significativa alguna. Entonces la Secretaría de Estado de Cultura prometió solucionar el problema de la copia privada, y algún otro asunto más, una vez el proyecto llegase al Senado. Pero en el Senado no presentó enmiendas y tampoco ha habido intención alguna de transar respecto a las del resto de partidos. Además, la SEC se comprometió a hacer todo lo posible por alcanzar una posición de consenso si había unidad en el resto de los partidos políticos. La oposición consensuó varias propuestas, pero el PP rechazó todo acuerdo posible.

Después de dos años de incumplimientos, el pasado 15 de octubre, minutos antes de la aprobación de la ley en el Senado, el viceportavoz del PP en la Comisión de Cultura anunció durante su intervención una dotación de 20 millones a la partida de la compensación por copia privada, pese a que en los Presupuestos Generales del Estado dicha partida es de apenas cinco millones. Preguntado al respecto, el PP responde que “se trataba de un objetivo de cifra, porque Cultura ha pedido a Economía 15 millones más, pero no está consignado”. ¿Improvisación o solo una promesa falsa más?

La Ley de Propiedad Intelectual no es una ley menor y no debería haber salido adelante de este modo. Una norma con tantas implicaciones e intereses por equilibrar se ha aprobado pasando el rodillo sobre todo el sector al que, en primer término, debería proteger. Se ha perdido una gran oportunidad para hacer una ley justa, equilibrada, una ley de Estado. España, su cultura, las empresas y profesionales que la hacen posible, y también su economía, se jugaban mucho más de lo que algunos parecen creer.

Antonio Guisasola, presidente de Promusicae y de AGEDI.

Luis Cobos, autor, productor, director de orquesta y presidente de AIE.

Pilar Bardem, actriz y presidenta de AISGE.

Pedro de Andrés, editor y presidente de CEDRO.

Borja Cobeaga, guionista, director audiovisual y presidente de DAMA.

Enrique Cerezo, productor audiovisual y presidente de EGEDA.

José Luis Acosta, guionista, director audiovisual y presidente de SGAE.

Antón Patiño, artista plástico y presidente de VEGAP.