Los doce magistrados del TC han decidido, según dicha providencia, admitir a trámite el recurso promovido «por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados». Tras su admisión, el TC da traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.

El PSOE recurrió la Ley de Propiedad Intelectual al considerar contrario a la Constitución que el pago de la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, que mantiene la reforma del Gobierno del PP, no prevea unos criterios para fijar esa compensación, sino que queda al arbitrio del Ejecutivo. En un comunicado, el PSOE ha calificado de «victoria de la cultura española sobre el Gobierno» la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad contra la que denomina «Ley Lasalle». Su responsable de Cultura, Ibán García del Blanco, ha señalado que «hoy la cultura española ha conseguido una victoria sobre el Gobierno, a través del PSOE. Este jueves ha sido admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Lasalle o Ley de Propiedad Intelectual, pese a que el ministro aseguró que eso no sería así».

Esta «victoria» es «suficiente», ha dicho, como para pedir al Gobierno que «deje suspendida la Ley Lasalle, que suspenda también el desarrollo reglamentario de la Ley y abra un trámite de diálogo con la oposición y también con todos los sectores implicados de la gestión cultural». Para el portavoz, la admisión a trámite del recurso demuestra «que la gestión en materia cultural por parte del Gobierno del PP era nefasta» y «ahora, a partir de este momento, también tenemos muchas dudas sobre su constitucionalidad «. Los socialistas destacan en su recurso que la reforma «violenta de forma frontal» el contenido del derecho de propiedad intelectual y rompe con el concepto de igualdad.

Por ello, al pasar del sistema anterior, el canon digital, al actual «se ha convertido en gasto público una obligación jurídico privada socializando así una carga privada» sin estar amparada por ninguna norma nacional o europea y sin poder invocar ningún interés público o general. También ven inconstitucional la disposición que obliga a las entidades de gestión a asociarse para crear una ventanilla única en la que se tramite el pago de los derechos de propiedad intelectual. El PSOE entiende que se vulnera el derecho de asociación con este modelo que califica de desproporcionado y defiende la libertad de no asociarse.