Se trata de un fallo histórico, de gran trascendencia, que llega cuatro años después del cambio del modelo y como respuesta a dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo, que cuestionó el modelo impuesto por la Secretaría de Estado de Cultura como antes ya lo habían cuestionado el Consejo de Estado y el del Poder Judicial.

Espaldarazo a la propiedad intelectual

El TJUE confirma que, tal como vienen denunciando las entidades de gestión desde hace cuatro años, el actual sistema español crea inseguridad jurídica, al ser un sistema más indiscriminado e injusto que el del llamado “canon digital”, y perjudica notablemente a los ciudadanos.

Las entidades de gestión, que proponen utilizar el modelo vigente en prácticamente todos los países de nuestro entorno, recuerdan que la última reforma de la Ley de Propiedad Intelectual ha convertido en ilegales la mayoría de las copias que hacen los ciudadanos, perjudicando los intereses de los consumidores y usuarios, por lo que celebran un fallo que obliga a modificar de nuevo la normativa vigente. Tras la sentencia del TJUE el Gobierno deberá restablecer el sistema que impera en la práctica totalidad de países de la Unión Europea.

El fallo del Tribunal de Luxemburgo es un espaldarazo a la defensa de la propiedad intelectual y al sector cultural, tras constatar el sinsentido de que en España, que presenta niveles de copia privada similares a los de Francia o Alemania, la compensación hubiera prácticamente desaparecido de forma arbitraria e injusta.

“La compensación por copia privada, al financiarse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en lugar de mediante un sistema de carácter privado que en otros países abonan fabricantes e importadores de soportes y equipos tecnológicos, había quedado reducida a una cantidad ridícula y muy alejada de una compensación “equitativa” que, tal como exige la Directiva europea, garantice el “justo equilibrio” entre los derechos e intereses de los titulares de derechos y de los usuarios y ciudadanos”, señala Antonio Fernández, director general de Adepi.

Una vez invalidado el modelo, la enorme diferencia que existe entre el importe que se ha estado pagando y el que se debería haber pagado deberá ser justamente compensada. En ese contexto, alguien debería asumir la responsabilidad política de tener que pagar esa diferencia con dinero público en la actual situación económica, máxime cuando el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, había reconocido públicamente que “probablemente” el importe destinado hasta ahora en los Presupuestos no compensaba “adecuadamente” a los titulares de derechos.

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