«[…] Nos ha sorpendido y alarmado el anuncio de la inminente aprobación por el Consejo de Ministros de una modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, de cuyo contenido no se nos ha dado traslado por el Ministerio y que parte de un enfoque de desprotección de los derechos de propiedad intelectual que no compartimos en absoluto», señalan los presidentes de todas las entidades españolas de gestión de derechos de autor.

«La reforma de la actual Ley de Propiedad Intelectual que hemos conocido de forma extraoficial, parece esconder la falta de una política activa para la creación e implementación de una industria cultural robusta. El valor de este sector como elemento dinamizador de empleo y riqueza está fuera de toda duda, tal y como han demostrado experiencias de apoyo al sector en países de nuestro entorno, con resultados más que positivos. Sin embargo, este anteproyecto retraerá, aún más, el peso del sector cultural en el PIB, en lugar de incrementarlo, tal y como se prometía en su programa de Gobierno. Pero por encima de otras consideraciones, lo que más lamentamos es que el proceso se haya llevado a cabo de espaldas al mundo de la cultura y con ausencia absoluta de diálogo», reprochan los firmantes a José Ignacio Wert.

Las entidades -prosigue la carta- «acogimos muy positivamente el ofrecimiento realizado por usted permitiéndonos participar, desde el diálogo y la cooperación con ese ministerio, en las iniciativas legislativas encaminadas a incrementar el nivel de protección de nuestra legislación. La presentación del texto al Consejo de Ministros sin haber sido objeto de discusión con nuestras entidades y que será sometido a trámite parlamentario, no se corresponde con el sentimiento de cooperación que en dicha reunión nos expresó».

«No es bueno que un órgano aborde desde fuera de la ley un rediseño de la ley»
Además de confirmar el nuevo sistema de copia privada o de incluir algunos cambios orientados a combatir con mayor eficacia la vulneración de la propiedad intelectual en internet, el texto del anteproyecto que presumiblemente llegará al Consejo de Ministros incluye medidas de control de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.

La sección primera de la Comisión de la Propiedad Intelectual ejerce funciones de mediación respecto a la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, y en algunos casos incluso podría fijar tarifas sustitutivas a las generales. Según el Gobierno, su funcionamiento es todavía precario, de modo que, si no hay modificaciones de última hora, en el documento se plantea que hasta que dicha sección primera «tenga los medios necesarios» se «encomienda a la Comisión Nacional de la Competencia el ejercicio de las funciones de control y determinación de las tarifas».

Esto podría incrementar los conflictos. En uno de los debates previos a las jornadas La creación del mundo, el catedrático de Derecho Civil Juan José Marín recordó: “Algunos países que están entre los que suelen ser referencia para el legislador español como Francia, Holanda, Reino Unido o Portugal han acometido recientemente reformas en su legislación sobre propiedad intelectual. En cualquier caso, a pesar de esa tendencia, apoyada por recientes declaraciones de la Comisión Europea y del Parlamento, la pasividad respecto a la reforma de la gestión colectiva en particular ha facilitado una especie de rediseño extralegal del funcionamiento de la gestión colectiva que en algún momento parece excesivo. No es bueno que un órgano administrativo, a golpe de resoluciones, a pesar de que por lo general estén bien fundadas, aborde desde fuera de la ley un rediseño de la ley. Y algunas de las decisiones y razonamientos de la Comisión Nacional de la Competencia van decididamente en esa dirección. No deja de llamar la atención que determinados comportamientos absolutamente legales de las entidades de gestión sean tan vilipendiados por el órgano de competencia”.

“Si se considera –señaló ya entonces Marín– que la Ley de Propiedad Intelectual debe reformarse en lo que respecta a la gestión colectiva, refórmese. O impóngase un sistema real y efectivo de control de las entidades. Pero no creo que sea bueno que se produzca una reforma de la ley fuera de la ley, porque se instauren obligaciones de carácter legal que no están en la ley. De que la CNC la tiene tomada con las entidades de gestión colectiva no tengo duda, como tampoco de que algunas veces las ha sancionado con razón. Pero otras ha ido más allá de lo que establece la ley. Un legislador responsable debería pensar si merece la pena reformar la gestión colectiva, al menos para no hacer dejación de sus funciones permitiendo intromisiones de un órgano administrativo como la Comisión Nacional de la Competencia”.