«Y de otro lado -prosigue el comunicado-, beneficia a las multinacionales del sector tecnológico al consolidar un modelo de copia privada que carga a los Presupuestos Generales del Estado un precio simbólico y exonera del pago, en contra de todos los criterios sentados en la UE, a los verdaderos causantes del daño objeto de indemnización: las empresas multinacionales que fabrican o importan aparatos y soportes con capacidad de copia o almacenamiento de contenidos protegidos por la propiedad intelectual.

De nuevo -prosigue el comunicado-, las entidades de gestión denuncian que la Secretaría de Estado de Cultura propone una reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual sin contar con los titulares de los derechos ni con los ciudadanos, de manera que ahora el sector tecnológico va a dictar las reglas del juego del sector cultural. Las entidades de gestión consideran que esta no es la mejor manera de afrontar la reconstrucción de  una industria cultural más robusta, generadora de riqueza y empleo.

El nuevo modelo de copia privada que pretende consolidar el Gobierno, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, supone que todos los ciudadanos se ven injustamente e indirectamente obligados a indemnizar un daño que ellos no causan, incluso hayan hecho o no copias privadas. Este sistema se convierte en el más restrictivo y contrario a los intereses de los ciudadanos que existe en cualquier estado miembro de la Unión Europea.

Esta improvisación, que ha sido objeto de una denuncia ante Bruselas por las entidades de gestión, genera una desigualdad de trato manifiesta con los ciudadanos de los otros países miembros. En este mismo Proyecto de Ley se establecen unas medidas respecto de las entidades de gestión que ni responden a la realidad ni son conformes a Derecho.

Las entidades de gestión manifestamos nuestro interés en que se garantice la transparencia de nuestra gestión en beneficio tanto de los titulares como de la sociedad en general. No obstante, muchas de las medidas que se incorporan en este Proyecto de Ley no sólo no garantizan esta transparencia sino que están claramente dirigidas a perturbar la gestión que hemos de realizar en defensa del interés general.

Tampoco se han tenido en cuenta las Directivas Comunitarias que está preparando la Comisión Europea, tanto en materia de copia privada como en materia de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual.

Las entidades de gestión, asimismo, denunciamos la falta de diálogo y de transparencia de la Secretaría de Estado de Cultura, que se ha comportado en el sentido contrario al prometido en la reunión que el Ministro Wert mantuvo con los Presidentes de las entidades de gestión el pasado 31 de enero. Allí se ofreció la creación de una comisión mixta de diálogo y trabajo para el estudio de todas las cuestiones relativas a este Proyecto de reforma legal, pero todo se ha quedado en una foto para el recuerdo.

Tal vez sea necesario recordar una vez más que la industria cultural en España representa el 4% del PIB y que, la regulación de cualquiera de sus aspectos,  debería ser estudiada y resuelta con el cuidado que merece, sin improvisaciones ni ligerezas. Desde que el Gobierno actual llegó al poder y adoptó una serie de medidas erráticas (derogación del sistema de copia privada y subida del IVA cultural de 8 al 21 %) el sector cultural en su conjunto, tan estratégico para los países más desarrollados como EEUU, Alemania, Francia, Reino Unido, Japón y China, en España no ha hecho más que retroceder y desmantelarse, en lugar de ser llamado a compartir, junto con el turismo y las exportaciones,  la responsabilidad de sostener la maltrecha economía nacional y coadyuvar a su recuperación.

Todas las instituciones que representan en España a más de un millón de creadores, nacionales y extranjeros, instan al Gobierno para que se plantee un giro en su política cultural, tal cual lo está haciendo en otros sectores, de sabios es rectificar, y convoque a los afectados para que juntos se alcancen los compromisos necesarios para remar todos en la misma dirección que exige el interés general».