Adepi, la asociación para el desarrollo de la propiedad intelectual, valora positivamente el dictamen del Consejo de Estado y ratifica su opinión de que el anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, en los términos en los que está redactado, no mejorará  la gestión de los derechos de propiedad intelectual ni contribuirá a la dinamización de la industria cultural, ya que introduce ineficiencias en la gestión colectiva y detrae recursos privados –como la regulación de copia privada- que retribuyen el trabajo creativo, base de la industria cultural.

El Consejo de Estado considera que en el ámbito de la gestión colectiva el anteproyecto debe ser mejorado para garantizar la necesaria seguridad jurídica en la materia, y evitar la litigiosidad “en un sector en el que debe reducirse la conflictividad jurídica existente”. Refiriéndose a los operadores de gestión colectiva con ánimo de lucro considera que “el régimen propuesto carece de la imprescindible precisión, rigor y claridad de conjunto”. Además, el dictamen del supremo órgano consultivo del Gobierno critica el intervencionismo que promueve el anteproyecto sobre las entidades de gestión y avala la autonomía de sus órganos de gobierno como principio fundamental de toda regulación vinculada.

El dictamen recuerda al Gobierno que asuntos tan relevantes como el régimen de copia privada o el de las entidades de gestión están siendo objeto de revisión por parte de las instituciones europeas “hasta el punto de que alguno de ellos ya está incluido” en una inminente Directiva. A la vista de esa realidad, el Consejo de Estado considera que “se debe tener en cuenta la previsible aprobación” de nuevas directivas europeas en las materias que pretenden modificarse por el legislador interno, “a fin de garantizar la adecuada transposición del Derecho europeo y evitar eventuales discrepancias”.

El dictamen señala claramente al Gobierno que el sistema de copia privada con cargo a Presupuestos Generales del Estado “presenta elementos de dudosa conformidad con el Derecho europeo”, y que la reducción de la copia privada “podría derivar en la ilegalidad de numerosos hábitos de la sociedad española relacionados con la copia de obras protegidas”. También que la reforma de la LPI debe “articular un procedimiento administrativo de tutela de los derechos de propiedad intelectual ágil, eficaz y realmente protector de tales derechos”.

El Consejo de Estado insta al Gobierno a tener en cuenta, entre otros, los problemas derivados de la “configuración presupuestaria de la compensación equitativa”. Según detalla el dictamen: “Se ha señalado acertadamente en las alegaciones ante el Consejo de Estado por ADEPI que los créditos presupuestarios son limitativos […]. Ello obligaría, en el caso de la fijación de una cuantía en los Presupuestos para la compensación equitativa que, eventualmente, no alcanzara el nivel adecuado de compensación exigido por el Derecho europeo, a acudir a alguno de los mecanismos de modificación de los créditos presupuestarios […] como las transferencias o los créditos extraordinarios o suplementos de crédito”.

En lo que se refiere a la modificación del límite sobre el uso de libros y otras publicaciones en el ámbito educativo y de la investigación, el informe del Consejo pide al Gobierno que aclare este punto puesto que resulta “complejo” y “extremadamente confuso”. Asimismo considera necesario remunerar a los autores y editores afectados por esta limitación a sus derechos, y recuerda que el texto tiene que ajustarse a los tratados internacionales y a las directivas.

También critica la ausencia de “una información más detallada en la que sustentar los anunciados efectos beneficiosos de las medidas”: “Es necesario que los análisis que se efectúan en las memorias que acompañan a los textos normativos en proyecto contengan una adecuada valoración de sus diferentes impactos que ofrezcan, antes que meras previsiones más o menos fundadas sobre sus posibles efectos beneficiosos, rigurosos análisis sobre su incidencia en el concreto sector de actividad social y económico sobre el que se proyectan”, precisa el dictamen.

Por último, para el Consejo de Estado, a la vista de los datos sobre piratería digital, “de los que es conocedora la Administración”, resulta “evidente” que “es urgente adoptar medidas eficaces para el tratamiento de las vulneraciones en España de los derechos de propiedad intelectual, siendo imprescindible que se cuente con los medios adecuados y eficientes al respecto”.