Como elemento fundamental de su Estrategia para el Mercado Único Digital, la Comisión ha adoptado hoy propuestas encaminadas a favorecer una mayor capacidad de elección y acceso a los contenidos en internet y a través de las fronteras; una mejora de la normativa sobre derechos de autor en la educación, la investigación, el patrimonio cultural y la inclusión de las personas con discapacidad; y un mercado más justo y sostenible para los creadores, las industrias creativas y la prensa. Entre la documentación presentada figura el borrador de la futura Directiva de propiedad intelectual.

«Los europeos desean un acceso transfronterizo a nuestra cultura rica y diversa. Nuestra propuesta garantizará la disponibilidad de un mayor número de contenidos, adaptando la normativa europea sobre derechos de autor a la luz de la nueva realidad digital. Los contenidos creativos de Europa no deben resultar innacesibles, pero deben estar bien protegidos, en particular para mejorar las posibilidades de remuneración de nuestros creadores. Sin un mercado único digital que funcione correctamente, perderemos creatividad, crecimiento y empleo», aseguró Andrus Ansip, vicepresidente de la Comisión y comisario responsable del Mercado Único Digital.

Günther H. Oettinger, comisario de Economía y Sociedad Digitales, añadió: «La Directiva tiene ya quince años y la comunidad creativa europea necesita una normativa que permita que los creadores puedan participar de forma justa de los ingresos que se obtienen de la utilización de sus obras. Queremos eliminar la piratería y queremos que las plataformas de internet asuman su responsabilidad respecto a lo que ganan con los contenidos y lo que reciben por ellos los creadores. Esto va a generar un amplio debate pero recordamos al Parlamento y al Consejo que es necesario tomar decisiones en 2017 o la tecnología volverá a avanzar más rápido que la legislación».

Las plataformas de vídeo deben respetar «las mismas reglas»
Globalmente, las propuestas sobre derechos de autor presentadas hoy tienen tres prioridades: en primer lugar, una mayor capacidad de elección y acceso a los contenidos en línea y a través de las fronteras (la propuesta incluye un mecanismo jurídico que permitirá a los organismos de radiodifusión obtener más fácilmente las autorizaciones de los titulares de derechos necesarias para transmitir programas en línea en otros Estados miembros de la UE); en segundo lugar, una mejora de la normativa sobre derechos de autor en la investigación, la educación y la inclusión de las personas con discapacidad (la Directiva propuesta facilita también el uso, por los investigadores de toda la UE, de tecnologías de minería de texto y datos para analizar grandes conjuntos de datos, así como legislación para aplicar el Tratado de Marrakech al objeto de facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso); y, en tercer lugar, un mercado más justo y sostenible para los creadores y la prensa.

En España, la SGAE ha señalado que «pese a reconocer la necesidad de fortalecer los derechos de autor y reequilibrar el valor en las explotaciones digitales», la propuesta «no cumple con las expectativas de los autores»: «Aunque el documento refleja la intención de regular por primera vez el desequilibrio entre los beneficios económicos que obtienen las plataformas de servicios digitales y los creadores de contenidos, las medidas propuestas por la Comisión no logran resolver el problema actual. No obstante, la propuesta envía un claro mensaje a estas plataformas, respecto a su obligación de cumplir con la normativa de propiedad intelectual y poner fin a la actual distorsión que están provocando en el Mercado Único Digital».

«Es por lo tanto un primer paso en la buena dirección, sobre el que los creadores europeos tienen que seguir trabajando a partir de ahora con el Parlamento Europeo», ha manifestado la entidad en un comunicado, añadiendo que «respecto a los autores de las obras audiovisuales, la propuesta de directiva lamentablemente no establece un derecho de remuneración obligatoria, tal y como vienen reivindicando todas las sociedades de autores audiovisuales europeas, y como reconoce la legislación española. Ello supone una oportunidad perdida para armonizar los derechos a nivel europeo y corregir el grave menoscabo que se produce en los derechos de muchos de estos creadores en Europa».

En relación con la urgencia de articular un mercado más justo para la comunidad creativa europea, la Directiva propuesta refuerza la posición de los titulares de derechos para negociar y ser remunerados por la explotación en línea de sus contenidos en plataformas de distribución de vídeos como YouTube o Dailymotion. Estas plataformas tendrán la obligación de utilizar medios eficaces, tales como tecnología para detectar automáticamente las canciones o las obras audiovisuales que los titulares de derechos hayan identificado y cuya autorización o retirada hayan acordado con las plataformas.

El presidente de Agedi y Promusicae, Antonio Guisasola, considera que la propuesta de la Comisión Europea en materia de propiedad intelectual y copyright servirá para que plataformas de vídeo musicales tengan «las mismas reglas» que otros agentes del sector como Deezer o Spotify. «Aunque a la directiva le queda un camino largo que recorrer, es un avance importante y un paso en la buena dirección. El tema de los pagos por contenido de varias plataformas de vídeo es muy grave y crea una distorsión en el mercado», ha declarado Guisasola.

«Google no querrá renunciar a 28 mercados»
Por otra parte, la Comisión propone introducir un nuevo derecho afín para los editores, similar al que ya existe en el Derecho de la UE para los productores de películas, los productores musicales y otros agentes de las industrias creativas, como los organismos de radiodifusión: «El nuevo derecho reconoce el importante papel que desempeñan los editores de prensa al invertir en contenidos periodísticos de calidad y crearlos, lo cual es esencial para el acceso de los ciudadanos al conocimiento en nuestras sociedades democráticas. En la medida en que por vez primera serán reconocidos jurídicamente como titulares de derechos, se encontrarán en una mejor posición para negociar el uso de sus contenidos con los servicios en línea que los utilizan u ofrecen acceso a ellos, y en mejores condiciones para luchar contra la piratería. Este planteamiento brindará a todos los interesados un marco jurídico claro para la concesión de licencias de contenidos para usos digitales, y propiciará el desarrollo de modelos empresariales innovadores en beneficio de los consumidores», señala la Comisión.

Preguntado acerca de la tasa por la utilización por terceros de contenidos periodísticos y la polémica suscitada por las leyes al respecto en Alemania y España, el comisario Oettinger aseguró: «Google se puede permitir renunciar a uno o dos mercados, pero no querrá renunciar a 28; deberá cumplir las reglas europeas».

Además, el proyecto de Directiva también obliga a los editores y productores a ser transparentes e informar a los autores, artistas intérpretes o ejecutantes de los beneficios que han obtenido con sus obras. Instaura asimismo un mecanismo para ayudar a los autores y artistas intérpretes o ejecutantes a obtener una remuneración equitativa cuando la negocien con productores y editores. Esto debería favorecer un mayor nivel de confianza entre todos los agentes que intervienen en la cadena de valor digital.

Para la coalición Fair Internet, que agrupa a medio millón de artistas intérpretes o ejecutantes de toda Europa, se ha perdido una oportunidad: «Lamentablemente, los artículos 14-16 en el título IV, capítulo 3 de la propuesta de Directiva sobre la «remuneración justa en los contratos de los autores e intérpretes» no abordan adecuadamente las expectativas legítimas de los artistas intérpretes en cuanto a su remuneración por la distribución de sus actuaciones en línea. Para garantizar que los artistas reciban una parte equitativa de los ingresos en línea es necesario un derecho irrenunciable a una remuneración para los usos digitales de su trabajo, sujeto a gestión colectiva obligatoria».