«La industria audiovisual está compuesta por pequeñas empresas y autónomos que en estos momentos están viviendo una situación dramática, como en otros muchos sectores, con cese total de actividad. Lo menos que necesita ahora el sector es que, además de sufrir como el resto de la sociedad las consecuencias de la covid-19, algunos desalmados sigan robando la autoría de sus obras y sus derechos a sus legítimos dueños. El audiovisual ha demostrado ser de gran ayuda para paliar el aislamiento de muchos ciudadanos españoles. Nunca se han visto tantas películas, series, cortos o documentales. Nos congratulamos por ello, pero no se puede piratear a quienes nos los proporcionan», señalan desde EGEDA.

Hay siete personas detenidas, sus dos principales integrantes en las ciudades de Zamora y Salamanca, uno en la ciudad de Córdoba, tres en la provincia de Valencia (Puerto de Sagunto y Oliva) y el último en la provincia de Málaga (Benalmádena) como presuntos autores de delitos contra la propiedad intelectual, defraudación de las telecomunicaciones y usurpación del estado civil.

El avance de las investigaciones, tras el análisis económico oportuno y numerosas vigilancias practicadas, permitió localizar en las ciudades de Salamanca y Zamora a sus dos principales integrantes. A través de diversas gestiones, se pudo comprobar que el investigado en Salamanca administraba una página web que utilizaba para publicitar sus servicios ilegales y el segundo, desde su centro de operaciones radicado en Zamora, lideraba un grupo cerrado en una aplicación de mensajería. Posteriormente se logró identificar al resto de integrantes, los cuales de forma coordinada distribuían los contenidos ilegales audiovisuales y de televisión a miles de usuarios en España.

Se trata de la operación más importante de este tipo en Castilla y León y una de las más importantes realizadas hasta la fecha en España, ya que ha supuesto un golpe a la distribución ilegal de contenidos audiovisuales y de televisión en toda España a través de grupos cerrados en redes sociales, que dificultan sobremanera este tipo de investigaciones debido al anonimato que les confiere el uso de las mismas, anonimato que se acrecentaba por el hecho de que los principales investigados utilizaban identidades de terceras personas sin su conocimiento, para que aparecieran como titulares de los teléfonos y de cuentas abiertas en las entidades financieras que utilizaban.

Se intervinieron siete lingotes de oro y se desconectaron cerca de 6000 usuarios

Los agentes intervinieron numerosos efectos entre los que destacan siete lingotes de oro de 20 gramos cada uno, casi 11.000 euros en efectivo, numeroso material informático y teléfonos móviles, y documentación acreditativa de los delitos investigados.

Durante los seis registros domiciliarios practicados en los domicilios de los investigados, se desconectaron a un total de 5.673 usuarios, se cerró su página web, se bloquearon diversas cuentas de pago por internet y otras plataformas de banca online que les servía para canalizar sus beneficios.

El perjuicio patrimonial ocasionado en el último año a los titulares de los derechos asciende a la cantidad de unos 11.830.000 euros, habiéndose dejado de recaudar por la Hacienda Pública española unos 3.144.000 euros, con el consiguiente perjuicio para la sociedad en su conjunto.