El Mediador designado por la Comisión Europea, António Vitorino, ha presentado en Bruselas su informe de conclusiones sobre los sistemas de compensación por copia privada de los países miembros de la Unión Europea, informe que le fue solicitado por el comisario Barnier en noviembre de 2011.

Vitorino destaca que los derechos de propiedad intelectual son un activo esencial de nuestra economía y nuestra sociedad. Las recomendaciones del Mediador únicamente contemplan como sistema de financiación de la compensación a los titulares de derechos el pago de una remuneración sobre los equipos y soportes que sirvan para grabar obras protegidas. En ningún caso se contempla un sistema similar al que erróneamente estableció el Gobierno español el año pasado, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Además, el ex comisario considera que los sistemas compensatorios a los titulares seguirán siendo muy relevantes y no desaparecerán a corto o medio plazo, y apuesta por compensar a los titulares de derechos en función del daño producido. El Mediador recomienda, bien trasladar el pago de la compensación de los importadores y fabricantes a los distribuidores y minoristas obligando a los fabricantes e importadores a informar a las entidades de gestión sobre los materiales distribuidos, o bien mantener el pago por fabricantes e importadores con un sistema de exención para las personas jurídicas que manifiestamente no hagan copias privadas.

En este sentido, todas las entidades de gestión manifiestan que el informe de Vitorino les da totalmente la razón y que el actual sistema español, que condiciona la compensación a una partida presupuestaria previamente establecida y abonada por el Estado, resulta contrario a la Directiva europea y no se ajusta a las recomendaciones de Antonio Vitorino.

En definitiva, España, como las entidades de gestión ya han denunciado en numerosas ocasiones, se queda fuera de Europa en la protección de los derechos de sus creadores, al haber apostado por un sistema con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en el peor momento de crisis económica de nuestro país. Este sistema es indiscriminado y alejado de la Directiva y de los países de nuestro entorno. El Estado no puede repercutir el canon a los consumidores y no puede discriminar entre personas físicas y jurídicas, por lo que el sistema establecido por el Gobierno se aleja de los objetivos, finalidad de la Directiva y de los fundamentos de las Resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Todas las entidades de gestión solicitan al Gobierno español que atienda las recomendaciones del Mediador europeo sobre copia privada y abandone el sistema actual que no remunera ni equitativamente ni en función del daño a los titulares de derechos.