Las entidades de gestión denuncian que la propuesta de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual se ha llevado a cabo de espaldas al mundo de la cultura, la creación y el entretenimiento y sin contar con los estudios necesarios. Asimismo consideran que el texto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 22 de marzo no cumple los objetivos que se marcó el Gobierno, puesto que no facilita la gestión de los derechos de propiedad intelectual ni permite mejorar su nivel de protección, además no sigue las recomendaciones europeas en materia de copia privada ni la de los tratados internacionales en materia de propiedad intelectual.

Las entidades consideran que el modelo a seguir para reformar la vigente Ley de Propiedad Intelectual es el iniciado por el Gobierno francés para actualizar su política cultural, que incluye un proceso de diálogo previo con todas las partes implicadas del mundo de la cultura y la tecnología, tanto del ámbito público como privado. El resultado de este diálogo, plasmado en el “informe Lescure”, se presentó este lunes, tras nueve meses de trabajo, y se concreta en 80 propuestas, divididas en tres áreas: oferta legal en internet; remuneración a los creadores y financiación de la creación; y adaptación de los derechos de autor a la era digital, incluyendo la lucha contra la piratería. La conclusión de este informe, destacan las sociedades de gestión, es que la entrada en el entorno digital provocó una transferencia muy importante de valor del contenido a los proveedores de internet, los fabricantes de equipos y dispositivos, o los motores de búsqueda, y se hizo un llamamiento a “vigilar el reparto de ingresos en el universo digital, para que los autores puedan recuperar los justos frutos de su creación”.

Las entidades de gestión ponen de manifiesto que la experiencia acumulada en el desarrollo de otros proyectos normativos, tanto nacionales como europeos, ha demostrado la conveniencia de contar con espacios de diálogo con los afectados y con estudios en la materia. Por este motivo, las entidades solicitan al Ministro que retire el actual anteproyecto e inicie el proceso de diálogo con las entidades de gestión, tal y como se comprometió en su día, mediante la creación de un Grupo de Trabajo.