Paco Rosell (Unidad Editorial) y Magdalena Climent (Cedro/Adepi), inauguraron el acto. Autor de la fotografía: Javi Martínez.

El debate La papeleta de la cultura, organizado por Adepi y el diario El mundo el lunes 20 de junio en Madrid, sirvió sobre todo para constatar que la Secretaría de Estado de Cultura está satisfecha de su gestión y a juicio de su máximo responsable lo que no funciona es por culpa de otros.

«El Estado solo maneja el 18 % del total de inversiones en el sector cultural en España»; «aunque no haya Ley de Mecenazgo los incentivos fiscales vinculados a la cultura han crecido mucho»; «el Tribunal de Luxemburgo ha confirmado que la copia privada se puede cargar a los Presupuestos Generales del Estado»; o «para luchar más eficazmente contra la piratería son necesarios más categorías de funcionarios y no es Cultura quien puede nombrarlos»: la retahíla de justificaciones que utilizó José María Lassalle frente a los hechos expuestos por los demás participantes evidenció una vez más tanto su profunda soledad, frente al sector cultural y frente al resto de fuerzas políticas, como su voluntad de mantenerla.

Ya desde el arranque recordaron los creadores al secretario de Estado la poca eficacia de su gestión: «La producción audiovisual es clave para la economía de España y su financiación ha ido a peor, sin un modelo que aporte los imprescindibles incentivos fiscales para que sea competitiva», dijo Pilar Benito. «Nos han dejado a los pies de los caballos de las multinacionales y el IVA al 21 % ha sido la puntilla; después de tantos errores y una Ley de Propiedad Intelectual nefasta es hora de hacer de la cultura un puntal del próximo Gobierno», opinó Amparo Climent.

«El sistema cultural está destruido»

«No debe de haber un sector económico con tan poca atención (entiendo por poca atención una política clara, rotunda y a largo plazo) y con tan poca capacidad de influir como el de la cultura. Pese a que el sector editorial es una industria exportadora y contribuyente neto al erario público, la piratería sigue campando a sus anchas y haciendo muchísimo daño», añadió Daniel Fernández. «Nos sentimos acorralados y denostados, la cultura y la propiedad intelectual están desprotegidas, estamos fuera de Europa respecto a la protección y la fiscalidad, se pierden 30.000 empleos directos por culpa de la piratería…», resumió Nacho García Vega.

En ese contexto, Arcadi Espada hilvanó la reflexión más general: «El sistema cultural está destruido. Puede que sea una destrucción creativa, que haya una síntesis que nos permita rehacerlo, pero, en este momento, el tejido creativo se ha quebrado, principalmente por dos razones: la facilidad obscena de réplica digital de los productos culturales y la desaparición de los intermediarios».

De izquierda a derecha: Arcadi Espada, Nacho García Vega, Daniel Fernández, Amparo Climent y Pilar Benito. Autor de la fotografía: Javi Martínez.

Y prosiguió Espada: «¿Qué le vamos a pedir a los gobernantes de un pequeño país ineficiente? Al menos reflexión, acción y calor. Ninguna de esas tres cosas se han dado». «Es necesario recuperar un Ministerio de Cultura independiente de otras áreas; de lo contrario, la Cultura no tiene un sillón en el Consejo de Ministros y eso se nota, porque supeditada a Educación queda en un segundo plano», señaló Marta Rivera.

«En España no hay modelo cultural, y esta legislatura debe permitir construir un modelo transversal, no solo político, también social, un acuerdo que vaya más allá de un pacto de Estado, incluyendo a todos los actores implicados», detalló Eduardo Maura. Ibán García de Blanco abundó: «Hemos quemado la biblioteca de Alejandría y ahora habrá que reconstruirla».

Lassalle, en otro ejemplo de la defensa en solitario de la gestión de los actuales responsables públicos de la cultura en España, aseguró que el país quizá necesitase desde un punto de vista simbólico un Ministerio de Cultura como tal, pero que desde un punto de vista técnico no es necesario. «No podemos olvidar que el Ministerio solo gestiona el 18 % de todo el dinero que se destina a la cultura en España, el resto está en manos de las Comunidades Autónomas en un 32 % y de los ayuntamientos en un 50 %», señaló el secretario de Estado.

España desprecia a sus creadores

En desacuerdo con diferenciar su papel simbólico, Espada recordó que España desprecia a sus creadores: «Los exprime y los tira». Amparo Climent añadió: «Es imprescindible mejorar el respeto a la creación y la propiedad intelectual desde las escuelas, lo que exige planes educativos que fomenten la creatividad.

Pero eso se enfrenta a un grave problema, explicó Rivera: «Existe un divorcio absoluto. Se creó la especie de que los artistas viven de las subvenciones. Como si no hubiera subvenciones en otros sectores». «Además, hay quien considera absolutamente normal la vulneración de los derechos de autor. El 87 % de los contenidos consumidos en internet son pirateados y a nadie le importa», lamentó la candidata a diputada de C’s, que, de paso, recordó que algunos representantes de Podemos han relativizado la gravedad del problema: «Propusimos promover el respeto a la propiedad intelectual en las escuelas y Podemos nos acusó de adoctrinamiento».

Eduardo Maura recomendó desarrollar los aspectos didácticos en lugar de los punitivos, que según aseguró no funcionan para erradicarla: «Hay que visibilizar la cadena de producción. Que los niños, en los colegios, vean lo importante que es tener un diseñador, un ilustrador y un editor que permitan tener el Quijote en sus manos». De lo contrario, sostuvo, los estudiantes acabarán «odiando» el discurso contra las descargas ilegales «igual que odian El Quijote cuando les obligan a leerlo».

De izquierda a derecha: José María Lassalle (PP), Iban García del Blanco (PSOE), Eduardo Maura (Unidos Podemos) y Marta Rivera (Ciudadanos). Autor de la fotografía: Javi Martínez.

Iban García del Blanco recordó que la Ley de Educación para la Ciudadanía, derogada por el Gobierno del PP, cumplía esa tarea educativa: «Ha habido un discurso muy agresivo de la derecha contra el sector cultural porque se dio por hecho que era de izquierdas. Se ha creado una brecha que va a ser muy difícil cerrar».

La soledad de Lassalle

Fue en el tramo del debate que abordó de forma más directa la necesidad de proteger la cultura y promover el respeto a la propiedad intelectual donde más clara se mostró la soledad del representante del PP: «Ha habido un voluntad explícita de debilitar el derecho de autor», dijo Nacho García Vega. «Se ha dejado descargar contenido pirateado para que la gente no saliera a la calle», añadió Daniel Fernández.

«Yo publiqué una novela hace unos meses. Al día siguiente de llegar a las librerías, busqué en internet por su título y las tres primeras páginas de resultados eran de sitios para descargarla ilegalmente. ¿Saben qué hice entonces? Nada. Porque no iba a servir de nada, cuando me hicieran caso pasados los meses ya no tendría sentido retirar esos enlaces», contó Marta Rivera de la Cruz. «La piratería es un gravísimo problema y el Gobierno pese a cuestionar el Observatorio de la Coalición de creadores no ofrece datos concretos ni estudio alguno sobre su extensión», le recriminó Espada.

Ante tales reproches, Lassalle explicó, como si de un éxito se tratase, que la Audiencia Nacional ha cerrado ya siete webs de piratería. Y para demostrar que la piratería retrocede aludió al índice Alexa, como si fuese un indicador fiable pese a que objetivamente no lo es. Enseguida el resto de participantes le recordó que mientras España cierra siete webs de piratería en Portugal e Italia ya hay centenares de sitios bloqueados: «Nos dan sopa con ondas», afirmó Marta Rivera. Al final, tuvo que reconocer el secretario de Estado que, «pese al coste social», si en un año no hay mejores resultados contra la piratería el nuevo Gobierno deberá impulsar con mayor convicción el modelo administrativo por encima del legislativo-judicial.

Más evidente aún fue la soledad de la Secretaría de Estado, tanto políticamente como frente al sector cultural, cuando se abordó la reciente sentencia sobre la copia privada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La sentencia, que ha determinado que es ilegal el modelo impuesto por el Gobierno del PP -que carga el importe de la compensación a los Presupuestos Generales del Estado-, obligará una vez se pronuncie el Supremo a cambiar el sistema («Y lo sabes», espetó Espada a Lassalle).

Lassalle alegó que la derrota judicial era relativa, porque el Tribunal de Luxemburgo establece en la sentencia que la copia privada puede efectivamente cargarse a los PGE. Eludió explicar que eso en España es actualmente imposible y exigiría una reforma constitucional, por lo que sus argumentos relativizando el varapalo no encontraron comprensión: «Me sorprende tu tranquilidad, José María», dijo Rivera de la Cruz. «Nos ha dejado en un limbo jurídico», le reprochó Eduardo Maura. «Por mucho que lo nieguen, habrá un perjuicio para el Estado por responsabilidad patrimonial. Y tendremos que pagarlo entre todos», añadió Ibán García del Blanco.

«Las entidades de gestión merecen un trato no discriminatorio»

La importancia del desaguisado se ve claramente, denunció García Vega, en la práctica desaparición de los programas asistenciales a socios y de formación de futuros profesionales que gracias a la copia privada desarrollaban las entidades de gestión. «Después de las elecciones hay que sentarse con las entidades y consensuar una solución justa y equitativa al problema de la copia privada», apostilló Rivera.

En este punto, recordó Espada que las entidades de gestión, ahora que tras la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual están bajo la lupa y son («Como en la práctica ya lo eran») absolutamente transparentes, merecen un trato no discriminatorio y que el Gobierno no favorezca a los grandes grupos de usuarios, cada vez más concentrados en el mercado, que explotan económicamente los contenidos culturales.

De izquierda a derecha: Arcadi Espada, Daniel Fernández (Edhasa), Magdalena Vinent (directora general de Cedro y presidenta de Adepi), Amparo Climent, Nacho García Vega, Pilar Benito (Morena Films), Paco Rosell (Unidad Editorial), Eduardo Maura (Unidos Podemos), José María Lassalle (PP), Iban García del Blanco (PSOE), Marta Rivera (Ciudadanos) y Antonio Fernández (director general de Adepi). Autor de la fotografía: Javi Martínez.